
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se abstuvo de abrir investigación contra el presidente Gustavo Petro ante una denuncia interpuesta en 2021, cuando este era senador de la República.
La denuncia la radicó el ciudadano Ricardo Catiblanco, quien argumentó que Petro incitó a la violencia tras convocar a los colombianos a movilizaciones y marchas durante ese año.
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Este recurso llegó a la Procuraduría General de la Nación, pero al posicionarse Gustavo Petro como presidente de la República la investigación quedó en manos de la comisión.
En sesión del 29 de agosto de 2023, los congresistas que integran la Comisión de Acusaciones decidieron no abrir una investigación formal contra el mandatario, señalando que en varias oportunidades el denunciante fue llamado a declarar y presentar pruebas, pero nunca asistió a los llamados.
En julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia rechazó otras denuncias interpuestas en abril de ese mismo año, señalando a Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y los integrantes del Comité del Paro por supuestamente incurrir en los delitos de concierto para delinquir e instigación para delinquir.
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Para los denunciantes, las protestas de ese año incitaron a desórdenes y violencia, y se habría violado el protocolo en cuanto a medidas sanitarias se refiere. Sin embargo, el alto tribunal decidió no admitir las denuncias por que no hubo material probatorio suficiente que la sustentara.

El presidente Gustavo Petro tiene otras denuncias que reposan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La más reciente es por la presunta financiación irregular de su campaña en 2022.
Fue el congresista Christian Garcés radicó el martes 1 de agosto de 2023 ampliación de la denuncia en contra del presidente, luego de las revelaciones hechas por Daysuris Vásquez, en relación con presuntos ingresos de dineros de origen ilegal de su campaña, por intermedio de su hijo: Nicolás Petro Burgos.
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Por su parte, el presidente de la Comisión, Wadith Manzur del partido Conservador, señaló: “Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, este se encuentra en etapa de investigación previa”.
En el comunicado compartido por Manzur, se precisa que la investigación se lleva a cabo bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000 que establece el Código de Procedimiento Penal, por lo que habrá tres representantes instructores al frente del caso para garantizar los principios de celeridad, imparcialidad y debido proceso en el caso contra el jefe de Estado.
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“Serán los tres Representantes instructores los facultados para determinar la incorporación de nuevos medios de prueba, hechos o denuncias que se formulen respecto a este asunto. La comisión actuará conforme a la Constitución y a la ley con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico”, cierra el comunicado.
Los representantes a cargo de la investigación son: Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde; Wilmer Carrillo, de La U, y Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Sin embargo, las decisiones que se tomen en el caso no estarán solo en manos de estos tres investigadores.
El presidente de la Comisión de Acusaciones también señaló que unos procesos no tienen más relevancia que otros y que todos tienen los mismos términos de ley, a pesar que ante los ojos de la ciudadanía, los de mayor interés estén relacionados con el presidente Gustavo Petro.
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Agregó que “todas las denuncias, sin importar de dónde vengan, terminan en un proceso preliminar. Y cada representante a quien se le asigne el proceso, toma la determinación de archivar o continuar el proceso”.
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