“Falsos positivos”: JEP podría citar a declarar a los expresidentes Pastrana y Uribe por hechos ocurridos en sus gobiernos

En medio de la imputación anunciada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el general (r) Mario Montoya Uribe por ‘falsos positivos’ cometidos bajo su mando en el Oriente Antioqueño (de enero de 2002 a diciembre de 2003), se conoció posibles llamados de ese tribunal para saber a fondo esta dinámica del conflicto armado efectuada por tropas del Ejército Nacional contra civiles que eran presentados como bajas en combate.

Al respecto, aclaró si serían citados a declarar los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que gobernaron para la época en que ocurrieron estos crímenes extrajudiciales con mayor frecuencia en distintas zonas del país (como Catatumbo, Cesar y Antioquia).

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De acuerdo con lo expuesto por la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, ambos exmandatarios podrían ser citados con el primer objetivo de conocer las causas que obedecieron a la comisión de esos crímenes hasta llegar al máximo grado de responsabilidad.

Sobre la viabilidad de esos llamados, la togada explicó que “seguramente lo haremos con el propósito de cumplir con lo que nos establece la Constitución y es esclarecer qué pasó hasta los máximos niveles de responsabilidad”.

De paso, sostuvo que “no puede ser coincidencia” los patrones de violencia cometida por agentes del Estado (’falsos positivos’) en cuatro de las seis regiones priorizadas por la JEP dentro del macrocaso 03 –Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado–: Norte de Santander, Valledupar, el Oriente Antioqueño y Casanare.

En esa medida, la magistrada aclaró que la JEP no tiene facultad para investigar a presidentes de la República y que, además, tienen competencia compulsiva u obligatoria sobre la indagación a antiguos integrantes de la fuerza pública, pero no para agentes del Estado civiles (como exjefes de Estado o antiguos integrantes de su gabinete) a menos que estos decidan someterse a la jurisdicción.

“Expresamente, la JEP no es competente para investigar a los presidentes, podemos llamarlos a rendir testimonio”, aclaró Díaz Gómez en rueda de prensa posterior al anuncio de la imputación. Tema aparte, se refirió a un posible nombramiento de Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, en medio de las comparecencias de integrantes de la fuerza pública que son investigados dentro del macrocaso.

En cambio, reveló que de acuerdo a la documentación recopilada por la Sala tras varios años de indagación “organismos como las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja reportaron al gobierno nacional la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales para presentar a las víctimas como bajas en combate”.

Sin embargo, mencionó que reportes de ambos organismos reseñaron en los informes que instancias del alto Ejecutivo tenían conocimiento la ocurrencia de esos hechos que desde 2003 fueron bautizados en esos documentos como crímenes extrajudiciales.

“Hay evidencia que indica que se hicieron investigaciones internas, incluso se pusieron en marcha comités y mecanismos internos para investigar esos hechos hasta llegar a la propia investigación de un general muy conocido internamente que llevó luego a la desvinculación de casi 20 oficiales en 2008”, dijo al respecto la togada de la Sala.

También reconoció que el mismo patrón macrocriminal del Oriente Antioqueño fue identificado en Casanare, así como en la jurisdicción correspondiente al Batallón La Popa, Dabeiba (Antioquia) y Norte de Santander. La concurrencia de aquellas conductas no pudieron ser casualidad. Por ello, la JEP investiga cuáles fueron esas decisiones en los máximos niveles de mando que tuvieron conocimiento o permitieron ese patrón.

“La decisión que expedimos hoy –de imputar a Montoya Uribe– ilustra ese patrón macrocriminal y lo investiga en el Oriente Antioqueño”, concluyó la magistrada Catalina Díaz.