
El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro sigue recibiendo críticas por la forma silenciosa en la que se radicó en la Cámara de Representantes y sin haber sido concertada con gremios productivos del país, principales afectados.
Tras duras críticas por dichos gremios y, por supuesto, de los partidos de oposición, ahora se sumaron sindicatos. Exactamente, se trata de la Confederación General del Trabajo (CGT), que por medio de su Comité Ejecutivo expresó una seria preocupación sobre el actuar de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien radicó de manera soterrada la nueva versión de la iniciativa.
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Así las cosas, la CGT se sumó a la voz de protesta de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) por la no convocatoria a los integrantes de la Comisión de Concertación de Política s Salariales y Laborales, como tampoco a muchas organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, que representa al sector por mandato del XI Congreso Nacional de CGT celebrado en el 28 julio de 2023.
El gremio también se sumó a las solicitudes de los sectores, en aras de verificar el impacto real del nuevo articulado del proyecto en mención, sobre la verdadera generación de empleo, a fin de implementar las medidas para evitar los efectos negativos, dejando claro que sin empresas no hay empleo y sin empleados tampoco es posible la existencia de las organizaciones sindicales.
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Por otra parte, la CGT rechazó de manera enfática el ataque frontal contra la libertad sindical y el derecho constitucional de asociación, que es un derecho fundamental, pero pareciera ser una fijación de este gobierno en desconocerlo. Además, exigió al Gobierno, principalmente a la ministra Ramírez, ser consecuentes con el diálogo social para sacar adelante una reforma que encarne el sentir de los trabajadores, las empresas y el movimiento sindical y no continuar con reuniones de manera exclusiva con “el club de amigos del Gobierno”.
Tras conocerse el comunicado, Infobae Colombia consultó a Miryam Luz Triana, quien resultó como presidenta electa de la CGT en el XI Congreso Nacional del gremio celebrado en el 28 julio de 2023.
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Triana confirmó que no les gusta que el Gobierno esté pasando por encima de las fuerzas vivas del país y de las normas constitucionales con esta forma de actuar. Por esto, recordó que la Constitución Política es un mandato que facilita mecanismos para el diálogo social y para la concertación, que es lo requerido ahora mismo por el país.

Aseguró que el proyecto de reforma está igual a la anterior. Ve cosas muy positivas alrededor de los trabajadores que logran tener un empleo, pero no se genera empleo, por lo que sigue la preocupación de que en los dos meses que transcurrieron tras hundirse en el Congreso de la República la primera versión del articulado no se consultó a unos gremios, sino a otros que están a favor.
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También dejó claro que la reforma no favorece al sindicalismo como tal.
Según la dirigente, lo más lamentable es que esa reforma laboral no tiene en cuenta al empleador más grande del país, que es el Estado, por lo que entonces no legisla para la tercerización que tiene este mismo, teniendo en cuenta que tiene muchas plantas de personal.
De esta manera, agregó, no legisla el proceso de negociación colectiva que se da en el Estado, sino que legisla solamente para el sector privado y, si lo afecta, debería consultar a todos los actores, tanto de empleadores como trabajadores del sector privado y no ha sido así.
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A su vez, la presidenta electa de la CGT confirmó que con este proyecto de ley, tal como está, se generaría más informalidad.
Anotó que para recuperar los derechos que alguna vez tuvieron los trabajadores y generar empleo, es necesario un diálogo tripartito o bipartito, entre empleadores del sector privado y trabajadores del sector privado, que son los afectados, para que haya una concertación, pero no la ha habido.
Por último, lamentó que el gobierno no ha tenido en cuenta los estudios del Banco de la República, ni de la Academia, que advierten la pérdida de cerca de 700.000 empleos, si se aprueba tal y como está el proyecto de ley.
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“Ellos (Gobierno Petro) tienen una modalidad de poner las reformas en función de lo que ellos dicen que van a cambiar en el país, pero realmente es muy preocupante que se continúe desconociendo a los actores sociales de este país”, concluyó Miryam Luz Triana.
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