Las Acsn pidieron a Abelardo de la Espriella reactivar diálogos de paz antes de su posesión: “Escuche las voces de los territorios”

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), agrupación armada ilegal conocida en la región Caribe como Los Pachenca, enviaron un video y un comunicado escrito dirigidos al presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, sobre su futuro.

En los documentos, el grupo armado le solicitó formalmente al nuevo mandatario abrir escenarios de conversación para reactivar los acercamientos de paz antes de que inicie su mandato presidencial el 7 de agosto de 2026.

La petición de esta organización se da en respuesta directa al ultimátum que el mismo De la Espriella les lanzó a todos los grupos ilegales del país, advirtiéndoles que disponían de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho o afrontarán una ofensiva militar sin concesiones.

Al recibir sus credenciales oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mandatario electo de extrema derecha fue contundente en que su administración no ofrecerá “ofertas generosas” y que la política de Paz Total del saliente gobierno de Gustavo Petro llegará a su fin.

Ante este panorama de confrontación, las Acsn compartieron un video en el que aparecen muchos de sus integrantes y que fue divulgado en los medios locales de Santa Marta, donde compartían su voluntad de dialogar.

En el videoclip, el grupo criminal señaló: “El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada extiende un saludo al nuevo presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella, expresando su disposición para que se abran escenarios de conversación que permitan avanzar hacia soluciones que contribuyan a la tranquilidad de las comunidades de la Sierra Nevada y demás territorios históricos afectados por la violencia”.

La organización también insistió en su comunicado de cinco puntos en que cualquier proceso debe traducirse en resultados concretos: “La construcción de la paz requiere hechos, confianza y resultados verificables para las poblaciones que han soportado durante décadas las consecuencias del conflicto”.

La organización ilegal insistió, además, en la necesidad de incluir a las comunidades en el proceso: “Hacemos un llamado al nuevo Gobierno para que escuche las voces de los territorios y promueva mecanismos de diálogo efectivos”.

En otra parte del documento, el grupo armado señaló que la paz debe traducirse en acciones concretas: “Consideramos fundamental que cualquier eventual acercamiento esté acompañado de garantías para las comunidades, inversión social y fortalecimiento de la presencia institucional”.

Un proceso de paz que se mantiene estancado

El proceso entre el Gobierno nacional saliente y las Acsn se venía manejando bajo un enfoque estrictamente sociojurídico de sometimiento a la justicia, regulado por la resolución 300 de agosto de 2024, lo que significa que nunca tuvo el carácter de una negociación política.

El objetivo de este espacio, que tenía influencia en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, consistía en verificar la voluntad del grupo armado para abandonar la ilegalidad a cambio de beneficios jurídicos. A comienzos de febrero de 2026 se logró firmar un acuerdo preliminar de alivio humanitario en el que la organización se comprometió a cesar los homicidios y frenar el reclutamiento de menores de edad.

A pesar de los anuncios iniciales, a junio de 2026 el proceso de diálogo atraviesa una fase de alta fragilidad y estancamiento debido a la falta de un marco legal consolidado en el Congreso para el sometimiento penal.

Las mismas autodefensas reconocieron este desgaste en su video público: “Durante los últimos años, nuestra organización participó con voluntad en los espacios planteados por el Gobierno nacional dentro de su política de paz. Sin embargo, consideramos que muchos de los compromisos anunciados no lograron materializarse y que las expectativas generadas entre las comunidades quedaron sin respuestas concretas”.

Activista alerta sobre consecuencias de una ofensiva militar

El rumbo del proceso también se debate con fuerza en los estrados judiciales por las acciones del activista social Miguel Pacheco, que interpuso recursos legales exigiendo claridad sobre el estado de los diálogos.

Pacheco advirtió a través de su cuenta en la red social X que la estrategia de “Mano de Hierro” anunciada por el presidente electo, la cual incluiría bombardeos con drones e inteligencia artificial con apoyo de Estados Unidos e Israel, podría desatar una grave crisis humanitaria y destrucción de la economía local en los territorios ancestrales.

El activista recordó que la Sierra Nevada es un territorio sagrado protegido por la Constitución bajo la denominación de la “Línea Negra”, por lo que exigió suspender los planes de militarización e implementar la consulta previa.

Pese a las alertas de las comunidades, el panorama judicial para revivir los diálogos por vías legales quedó totalmente cerrado, pues él compartió que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió en segunda instancia una impugnación presentada por Miguel Pacheco, negando el amparo que buscaba obligar al Ejecutivo a reanudar de inmediato las conversaciones con Los Pachenca.

El fallo de diez páginas reiteró que el manejo del orden público es una facultad exclusiva y discrecional del Presidente de la República. Con esta decisión de la justicia, el futuro de la seguridad en la Sierra Nevada queda bajo una total incertidumbre política, dependiendo únicamente de las decisiones militares y administrativas que asuma Abelardo de la Espriella a partir del 7 de agosto.