La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra la alcaldesa de California, Santander, Genny Gamboa Guerrero, bajo la acusación de no prevenir el uso de mercurio en actividades mineras ilegales y en el comercio, transporte y beneficio de minerales extraídos de manera ilícita.
Según la entidad, su actuación habría llevado a la contaminación con mercurio de la quebrada La Baja, la cual desemboca en el río Suratá, recurso vital para millones de habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga y la provincia de Soto Norte.
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La Procuraduría sostiene que la alcaldesa no habría tomado medidas funcionales suficientemente eficaces para evitar la contaminación, lo que resultó en un grave riesgo y deterioro tanto del medio ambiente como de la salud humana.
Además, habría ignorado los requerimientos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), lo que podría constituir una falta disciplinaria al romper principios de moralidad, eficacia y responsabilidad.
La alcaldesa también está supuestamente involucrada en irregularidades en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, por lo que enfrenta un segundo cargo.
La Procuraduría alega que incumplió deberes y directrices del alto tribunal al no participar en las concertaciones y convocatorias para la delimitación del páramo.
Aparentemente, Gamboa Guerrero no asistió a sesiones convocadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incumpliendo compromisos y desatendiendo requerimientos de la autoridad. Este actuar podría haber omitido deberes de moralidad, eficacia, responsabilidad y coordinación.
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La Procuraduría clasifica la actuación de la alcaldesa como una falta grave, alegando que actuó con culpa gravísima en el caso de la minería ilegal y fuentes hídricas, y con dolo en el asunto del páramo de Santurbán.
Cabe mencionar que previamente, la Procuraduría había alertado sobre el incremento de los niveles de mercurio en el río Suratá debido a actividades relacionadas con la minería ilegal.
También ha solicitado repetidamente a las autoridades locales y nacionales abordar esta situación, que está provocando impactos socioambientales, contaminación de fuentes hídricas, deforestación y daños a ecosistemas clave en Santander y otras regiones del país.
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Por su parte, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) asegura que los controles de tratamiento de agua en la planta de Bosconia son estrictos, lo que garantiza que el agua del río Suratá llegue en condiciones óptimas a los hogares del Área Metropolitana de Bucaramanga, brindando tranquilidad a la ciudadanía.
Autoridades destruyeron maquinaria para la producción minera ilegal en Guainía y el Bajo Cauca
Las autoridades continúan su ofensiva en contra de la minería ilegal, por lo que en el Bajo Cauca antioqueño fueron destruidas tres dragas, ocho excavadoras y unidades de producción minera que estarían al servicio del clan del Golfo y Los del Bajo, avaluados en $7.650 millones de pesos.
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A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, informó en la noche del viernes 14 de julio que en trabajo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares llegaron a los municipios de Cáceres, Zaragoza y El Bagre.
En uno de los operativos que se llevaron a cabo fue en la vereda Rosales, cerca al río Nechí, en el municipio de Zaragoza, los uniformados del Ejército ubicaron tres dragas con un valor aproximado de $800 millones y una retroexcavadora avaluada en $400 millones. Además, en el lugar se halló tres unidades de producción minera con capacidad de producción mensual de 16,5 kilos de oro, lo que es equivalente a más de $4.261 millones.
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Por su parte, en la vereda Río Man del municipio de Cáceres, se destruyeron siete unidades de producción minera y la misma unidad en excavadoras, con un valor cerca a los $3.150 millones. En esta zona, los mineros ilegales extraían aproximadamente 21 kilos de oro mensual por $5.423 millones en el comercio.
En esta zona también se presentó la tala indiscriminada de 42.000 árboles y uso de químicos habituales en esta práctica, que afectan las fuentes hídricas de la región que surten de agua estos municipios.
De igual manera, el viernes 14 de julio en una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada ubicaron diferentes equipos y maquinarias que eran utilizadas para procedimientos de extracción de yacimientos mineros en Guainía.
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Según información de la Armada Nacional, las explotaciones ilegales servían para extraer mensualmente 7,5 kilos de oro y seis toneladas de otras materias primas, es así que se estima que la producción minera y dragas artesanales podrían alcanzar los $470 millones.
En Chorromanaca y Laguna Guibo, áreas rurales del municipio de Inírida, fueron halladas siete unidades de producción minera y dos dragas en plena operación ilegal, y fueron detenidas dos personas que están a disposición de la Fiscalía.
Además, las autoridades ubicaron otras tres dragas en el Paso del Diablo, corregimiento fronterizo de San Felipe; la segunda, en el área rural de Barrancominas, y la tercera, en el sector El Coco, municipio de Inírida.
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