
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que durante su Gobierno no se permitirá que existan irregularidades entre el Legislativo y el Ejecutivo. Según detalló en declaraciones públicas realizadas el 15 de octubre de 2026, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, deberá informarle de manera oportuna sobre cualquier anomalía que detecte o de la cual sea notificado.
“Si llegaran a presentarse, y quiero ser muy claro en esto, solicitudes improcedentes, condicionamientos o presiones, el Gobierno tendrá que hacerlo público y ustedes tendrán que informarle al ministro y el ministro me informará”, precisó el jefe de la cartera en su declaración pública.
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De acuerdo con su explicación, las decisiones tomadas en el Congreso deben ser transparentes y públicas, puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber “los motivos por los cuales determinados legisladores se oponen a la agenda legislativa”.

Asimismo, indicó que la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República debe estar sostenida en la normativa vigente, por lo que no permitirá que se gestionen irregularmente contratos, cargos o dinero entre funcionarios de su administración y congresistas.
“El Ministerio del Interior tiene que separar con absoluta claridad la interlocución política legítima de cualquier intento de convertir esa interlocución en cargos, contratos o recursos públicos como si fuesen moneda de cambio. Esa práctica no tendrá cabida en mi gobierno y será castigada con toda severidad”, señaló el mandatario.
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Este tipo de actos de corrupción ha permeado la gestión de gobiernos y del Legislativo. El caso más reciente conocido públicamente es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. En el entramado estuvieron involucrados varios congresistas, como Iván Name (expresidente del Senado) y Andrés Calle (expresidente de la Cámara), así como funcionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro —cuya responsabilidad no ha sido confirmada por la justicia—.
Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que se debe negociar con algunos de los investigados, para así ahondar todavía más en los hechos. “Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, indicó el jefe de Estado en declaraciones públicas realizadas el 27 de septiembre de 2026.
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De la Espriella rechazó actos de corrupción que se presenten en su Gobierno
El presidente también ha reiterado su postura con respecto a actos delictivos que se lleguen a presentar en su administración. Según detalló en una publicación en su cuenta de X, en su Gobierno se hará seguimiento a los hechos presuntamente irregulares y advirtió que cualquier hecho de corrupción tendrá consecuencias.
“Cuando se roban un hospital, hay un colombiano esperando atención. Cuando se roban la alimentación escolar, hay un niño sin comida. Cuando inflan una carretera, un colegio o un acueducto, hay un pueblo pagando el precio. Robarse un peso del Estado es robárselo a los colombianos. Y en mi Gobierno eso tiene consecuencias”, indicó.
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El mandatario aseguró que parte de sus responsabilidades como jefe de Estado será vigilar el manejo de los recursos públicos y “defender hasta el último peso” de la ciudadanía.
“Esta semana se lo repetí a alcaldes y gobernadores: no voy a permitir que se roben un solo peso. Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas. Les dije, con la ironía que merecen: ‘Aplaudan. ¿Por qué no aplauden?’. Ese silencio es el termómetro”, añadió De la Espriella.
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