Cae mujer señalada de liderar banda dedicada al contrabando de cigarrillos y que poseía una millonaria fortuna

Jessica Álvarez Martínez, según la Policía Nacional, es la propietaria de una fortuna en la que aparecen dos hoteles, un barco, un apartamento avaluado en más de 3.000 millones de pesos, vehículos y otras propiedades que tienen un valor aproximado a los $8.000 millones de pesos. Conocida con el alias de “la Hermanita”, la supuesta empresaria, de 32 años tenía una vida de lujos y excentricidades en Capurganá, Antioquia.

Lo que no se conocía de alias “la Hermanita” es que se ocultaba detrás del título de respetada empresaria. Sin embargo, la joven, quien según la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), era una de las líderes de una organización dedicada al contrabando de cigarrillos que eran traídos desde China.

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Uno de los roles de Álvarez en organización era el de pagarles a personas para que le sirvieran de informantes, al suministrar información sobre la ubicación de los lugares en los que patrullaban los barcos de la Armada Nacional, con el fin de evadir los controles de las autoridades. De este modo, podía ingresar miles de cajetillas de cigarrillos de forma ilegal al país desde las zona costera del Atlántico como Necoclí y Turbo (Antioquia).

Después de lograr evadir a las autoridades marítimas y aduaneras, los cigarrillos eran almacenados en varias bodegas, en donde eran embalados en pequeñas cajas y camuflados en buses de servicio intermunicipal con el fin de hacerlos llegar mediante una modalidad conocida como “pitufeo” al sector conocido como “El Hueco”, en Medellín. Allí ya tenían una red conformada por varios locales comerciales que se encargaban de distribuir la mercancía ilegal.

La organización de la que era la principal cabecilla Álvarez Martínez tuvo tanto éxito con su actividad ilícita que llegó a comprar un barco, el cual era enviado a China para traer los cigarrillos de contrabando y luego volvía con dos destinos, uno de ellos era Panamá y el otro Colombia.

“Jessica Álvarez está la mayor parte del tiempo en Capurganá, y desde este estratégico punto es la encargada del ingreso de la mercancía al país por el sector La Miel en Panamá”, decía la sentencia del Juzgado 17 Penal de conocimiento de Medellín, que la condenó por concierto para delinquir con fines de favorecimiento y facilitación del contrabando.

Sin embargo, el negocio de la Hermanita y su socio, Luis Alberto Luna Gallego, siguió creciendo de tal forma, que empezó a generar enemigos silenciosos que a su vez veían como los suyos iban cayendo, lo que afectaba seriamente sus finanzas.

Esos enemigos acudieron a la vieja estrategia de algunos narcotraficantes que buscaban eliminar a su competencia por medio de llamadas anónimas denunciando a sus competidores. Es así como en 2018, la Policía Fiscal recibió una denuncia en la que se les informó el modus operandi de la organización de la Hermanita y su clan.

Teniendo esta información la Policía Fiscal y Aduanera, puso en marcha la investigación, quienes después de un tiempo descubrieron, mediante interceptaciones telefónicas, seguimientos y labores de vigilancia, que la organización liderada por Álvarez estaba bien estructurada.

Por su parte, los uniformados confirmaron la información que les había suministrado la fuente anónima, en la que además decían que aproximadamente cerca de diez personas eran las encargadas de mover la maquinaria de contrabando en Acandí, Chocó, Necoclí, Turbo, Medellín y en el país de Panamá.

También corroboraron que Álvarez Martínez, se movía constantemente entre Colombia y Panamá. En el país vecino se dice que tenía una red de contactos en aduanas que le permitían pasar su barco con los contenedores llenos de contrabando sin ser detenidos por las autoridades panameñas. Al llegar a Colombia, en las regiones don tiene presencia el clan del Golfo, al parecer, pagaba para que la estructura criminal le permitiera mover su mercancía sin ningún problema.

Según la Policía Fiscal y Aduanera, la mujer tenía entre sus bienes un lujoso apartamento de más de 3.000 millones de pesos ubicado en El Poblado en Medellín, y que ahora está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) porque al parecer fue producto de sus negocios ilícitos.

“Continuando con la investigación en los primeros días del mes de agosto de este año, afectamos a estos delincuentes en sus finanzas con 21 medidas cautelares de extinción del derecho de dominio, bienes avaluados en más de 10.000 millones de pesos, que, al parecer, fueron adquiridos con dineros producto del contrabando”, confirmó el coronel Giovany Puentes, director de la Polfa.