Congresistas indígenas señalaron al Ministerio del Interior de presuntamente poner en riesgo la consulta previa del PND: “Alertamos a todos”

La bancada del movimiento indígena en el Congreso de la República emitió un comunicado en el que advirtió que la consulta previa sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se desarrolla bajo condiciones que, según su denuncia, restringen la posibilidad de alcanzar acuerdos con los pueblos y organizaciones indígenas.

De acuerdo con los congresistas indígenas, el 12 de noviembre de 2026 se llevó a cabo una Mesa Permanente de Concertación, en la que el Ministerio del Interior propuso abrir un diálogo con los gobiernos y las organizaciones indígenas sobre la construcción de dicho plan. Según denunciaron, durante esa reunión, la cartera hizo afirmaciones que, desde su perspectiva, condicionan el alcance de la consulta previa, libre e informada del PND y anticipan el tipo de acuerdos que podrían alcanzarse.

Para los legisladores indígenas, esa posición por parte del Gobierno nacional afecta el carácter libre del proceso. “La despoja de su condición de libre y contraría el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que exige consultar de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo entre las partes”, precisó.

La bancada explicó que fijar de antemano los resultados posibles del diálogo entre el ministerio y los pueblos indígenas impide que la consulta se desarrolle bajo condiciones abiertas y con una negociación real con quienes representan al Gobierno nacional, actualmente liderado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Los congresistas también cuestionaron la idea de desarrollo expuesta por el Ministerio del Interior ―ahora en cabeza de Alejandro Ordóñez— durante la Mesa Permanente de Concertación. Según precisaron, la cartera presentó la concepción de desarrollo del Gobierno como la única forma viable de futuro para los pueblos indígenas, una postura que, a su juicio, desconoce el derecho de esas comunidades a definir sus propias prioridades.

Ese derecho está reconocido en el artículo 7 de la Ley 21 de 1991, norma mediante la cual Colombia aprobó el Convenio 169 de la OIT. La disposición contempla la participación de los pueblos indígenas en las decisiones relacionadas con su proceso de desarrollo y reconoce que pueden establecer las prioridades que consideren necesarias para sus comunidades y territorios.

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”, se lee en el numeral 1 del artículo 7 de la ley.

La bancada indígena en el Congreso cuestionó también la concepción organizativa expuesta por el Ministerio del Interior en la reunión. Aseguró que la postura oficialista al parecer desconoce la institucionalidad indígena y omite los mandatos establecidos en el Decreto 1397 de 1996, por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

Para los congresistas, el desconocimiento de esas estructuras afecta la participación de las autoridades y organizaciones que representan a los pueblos indígenas. Recordaron que el proceso no puede limitarse a convocar a las comunidades, sino que debe reconocer las instituciones indígenas y sus mecanismos propios de representación y concertación.

“Alertamos a todos los órganos de control, a los garantes de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, a la comunidad internacional y a todos los hermanos y hermanas para que estén atentos a la violación de los derechos de los pueblos indígenas y de todos los colombianos. Nuestra lucha no es solo por nosotros: es por quienes han sido marginados y por quienes sentimos en nuestras entrañas el dolor del territorio”, indicó la bancada en el comunicado.