
El empresario Carlos Mattos fue condenado a cuatro años de prisión en medio del proceso judicial que adelanta por estar involucrado en un caso de soborno, en el cual el expresidente de Hyundai Colombia habría enviado 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández.
El pago de aquel dinero habría incidido en la decisión de la jurista, quien determinó finalmente dejar en firme las medidas cautelares bajo las cuales Mattos podía seguir comercializando vehículos de la marca Hyundai en todo el territorio nacional. Es válido recordar que la venta de miles de taxis de esta marca potenció el nivel de la marca en las principales ciudades del país.
Bajo ello, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá modificó la sentencia que inicialmente se le había impuesto al empresario. Petro en una decisión de segunda instancia, el ente judicial impuso cuatro años, alegando que los hechos investigados, en los cuales se habrían registrado dos envíos de dinero, abarcaban una sola entrega del mismo, lo cual había incidido en una sola actividad delictiva.
A pesar de la rebaja en la sentencia, el fallo expedido por el tribunal hace énfasis en la trascendencia que tendría el hecho de que el empresario haya gestionado el envío del dinero a la jueza Hernández como un gesto de “agradecimiento” tras la decisión de mantener las medidas cautelares sobre Mattos.
En el documento se señala que, teniendo en cuenta su “elevada posición en la sociedad”, el comerciante debió manejar la situación de una manera distinta.
“Lo que se cuestiona y justifica una punibilidad más severa es que Mattos Barrero, precisamente por su elevada posición en la sociedad, atendida su condición de principal accionista de una reconocida empresa de comercialización de vehículos, debía observar un mayor grado de pulcritud en su actuar o, en otras palabras, una mayor observancia de las pautas que regulan el comportamiento en comunidad”, señala el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
En el fallo también se hace énfasis en que, al incurrir en delitos que van en contra de la administración pública, el acusado no podrá acceder a beneficios judiciales. De hecho, en uno de los parágrafos del documento se señala que Mattos intentó desprestigiar a la administración de la justicia, conduciendo además a que se incremente la idea de que las personas con mayor poder adquisitivo acceden a mayores beneficios en este aspecto.
Además, la Sala Penal indicó que las medidas cautelares bajo las que el empresario estaba cobijado tras la decisión de la jueza —que recibió los 100 millones de pesos—, habrían desconocido los principios básicos de la administración pública. El tribunal señaló que se habrían infringido los aspectos de la moralidad, igualdad y gratitud, poniendo por encima la posibilidad de adquirir una fuente de ingresos económicos.
Mattos, que permanece bajo detención domiciliaria, tendrá que pagar una multa equivalente a 65 millones de pesos como una de las medidas de la justicia tras comprobársele el envío del dinero a jueza Hernández. Además, el empresario afronta una pena que lo inhabilita de ejercer cargos públicos por un lapso de 72 meses.
El expresidente de Hyundai Colombia mantiene pendiente otro proceso penal luego de haber incurrido en una alteración al sistema de repartos en los juzgados civiles. Mattos habría gestionado aquel sistema con el fin de que, bajo sobornos a empleados de la rama judicial, su caso llegar al despacho del juez Reinaldo Huertas.
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