Paz Total: sí es posible establecer un cese al fuego multilateral, afirmó Danilo Rueda

La política de Paz Total del Gobierno nacional tuvo altas y bajas en el primer año de Gobierno de Gustavo Petro. Si bien se registraron hechos trascendentales como el cese al fuego bilateral con el ELN, la continuación de la mesa de diálogos y la instalación de espacios sociojurídicos con grupos criminales en tres zonas del país; también ocurrieron hechos cuestionados como el aumento del accionar violento de grupos residuales (como el Estado Mayor Central).

Más allá de este panorama, la actual administración lleva sobre la marcha al menos siete procesos de diálogo con diferentes actores armados. Detrás de buena parte de estos está Danilo Rueda, que de hecho empezó su gestión liderando la reanudación de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional tras su interrupción en 2019.

De acuerdo con lo indicado por el alto comisionado para la Paz en entrevista con El Espectador, la ambiciosa política de pacificación nacional planteada por Petro Urrego implica el diálogo simultáneo con diferentes estructuras, algo calificado como “inédito” en medio de un balance “positivo”.

Dentro de la Paz Total, el proceso más avanzado es el que se adelanta entre el Gobierno y el ELN. El jueves 3 de agosto inició la fase de implementación del cese al fuego bilateral de carácter nacional y temporal por seis meses, y se instaló el Comité Nacional de Participación para involucrar a actores civiles en la mesa.

De otro lado, están los acercamientos y avisos de instalación de mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central, estructura residual de las extintas Farc al mando de alias Iván Mordisco. La mayoría de sus integrantes hicieron parte de la antigua guerrilla y no cumplieron al Acuerdo Final de Paz de 2016.

Con ellos el panorama es más complejo, pues ya hubo un cese al fuego bilateral cargado de incumplimientos por parte del ELN. Además, se han presentado hechos violentos entre las partes: por un lado, el EMC cometió crímenes como el perpetrado contra una menor de cuatro años en La Plata (Huila), en tanto que las Fuerzas Militares en conjunto con la Policía abatieron en la tarde del lunes 7 de agosto a alias Alfredo Jiménez, máximo cabecilla del Frente 37.

Con la Segunda Marquetalia también iniciaron acercamientos. De hecho, este proceso inició de forma exploratoria en los primeros meses del Gobierno Petro, pero aún faltan temas como la caracterización de esta disidencia para oficializar la instalación de la mesa. Sobre las conversaciones hechas con ambas disidencias, Rueda afirmó en Caracol Radio que esto podría permitir una reducción “al máximo” de la violencia, especialmente en zonas rurales.

Otros tres procesos son los de la denominada ‘Paz urbana’ que abarca tres distritos: Medellín, Quibdó y Buenaventura (Valle del Cauca). Allí fueron instalados espacios de conversación sociojurídica con el primer objetivo de hallar caminos para el desmantelamiento de aproximadamente 350 estructuras criminales en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá; los Shottas y los Espartanos en la zona portuaria y Mexicanos, Locos Yam y las Fuerzas Armadas RPS - Cartel del Norte en la capital chocoana.

Un requisito de la mayoría de esos grupos impide avances sustanciales en las conversaciones: la ausencia de un piso jurídico representado en una ley de sometimiento a la justicia que fue archivada en la primera legislatura. Ante eso, el Ejecutivo presentará un nuevo borrador del proyecto que busca establecer condiciones para el desmantelamiento y juzgamiento de esos actores.

Esto incluye también al Clan del Golfo, reducto paramilitar que no tendrá reconocimiento político por parte del Gobierno nacional, pero con el que se está adelantando una fase de acercamiento y generación de confianza

Así las cosas, el alto comisionado no descartó que en el avance de la administración Petro se logren ceses multilaterales con grupos armados con los que se adelanten conversaciones de paz. Con respecto al acordado con el ELN, Rueda sostuvo que el Mecanismo de Veeduría y Monitoreo está en permanente revisión en caso de que se presenten incumplimientos del ELN y la fuerza pública.