En medio de la polémica protagonizada por el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello sobre la destitución del alcalde de Riohacha, el ministro de Justicia salió en defensa del jefe de Estado y cuestionó el papel de la funcionaria.
Desde Casa de Nariño, Néstor Osuna explicó que la respuesta de 24 páginas enviada por el primer mandatario a Margarita Cabello ejerce un control de convencionalidad “de oficio” respecto de la decisión emitida de suspender a José Bermúdez Cotes por tres meses, debido a presuntas irregularidades en contratación.
Al respecto, el alto funcionario explicó en la tarde del jueves 27 de julio que la Convención Americana de Derechos Humanos “tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, es obligación del presidente de la República (...) aplicar en cualquier acto suyo, todo el ordenamiento jurídico empezando por la Convención Americana”.
Asimismo, reiteró lo mencionado por Petro en el sentido de que un juez de la República, en medio de un proceso penal, tiene la facultad de suspender los derechos políticos de un funcionario elegido por voto popular. En ese sentido, descartó que el presidente esté incumpliendo con la Constitución nacional, pues explicó que la Convención Americana forma parte del ordenamiento jurídico interno.
“Eso es absolutamente claro, –la Convención Americana– está integrada en la Constitución y tiene primacía sobre el derecho interno”, mencionó Osuna Patiño en rueda de prensa. Además, precisó que si bien el Ministerio Público tiene competencia disciplinaria, solo puede hacer vigilancia sobre las gestiones hechas por mandatarios distritales y departamentales.
Por ese motivo, el ministro dijo que jurisprudencia reciente emitida por la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que resuelva “esta falta de conformidad que tenemos con el ordenamiento jurídico interamericano” y elabore un estatuto que respete los derechos políticos de quienes son elegidos por voto popular.
La decisión de la Procuraduría y la respuesta del presidente
El domingo 30 de abril la entidad dirigida por Margarita Cabello abrió una indagación y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde Bermúdez Cotes por supuestas anomalías en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la capital de La Guajira.
Según las pesquisas, la administración local inició el proceso de contratación sin tener información reciente y actualizada sobre el avalúo de bienes a intervenir en medio de la ejecución de las obras. Además, no hubo un informe con el cronograma de trabajos y tampoco un análisis previo sobre la prestación de los servicios públicos y domiciliarios en la zona rural de Riohacha.
“El proceso contractual aparentemente no incluyó las condiciones necesarias para permitir el acceso al servicio de agua de la comunidad wayuu, quienes gozan de una especial protección constitucional y judicial en el país”, detalló la Procuraduría.
Por esto, fue abierta una investigación contra el tesorero municipal, Edén Elí Moscote Roys; los directores de Servicios Públicos y de Contratación, Oscar Junco Rodríguez y Ronald Neil Pérez, y el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keider Freyle Sarmiento.
Por esta pesquisa, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal solicitó aplicar la medida cautelar de suspender provisionalmente por tres meses al alcalde Bermúdez Cotes.
En respuesta, Petro envió una carta al despacho de Cabello Blanco en el que indicó una redirección del concepto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Fiscalía, pues “Se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado”, se leyó en la misiva conocida en primera instancia por La W desde la mañana del lunes.
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