
Aunque varios de los hoy miembros del Senado y la Cámara de Representantes aseguraron en campaña que como prioridad llegarían a bajar sus salarios, otra fue la realidad: ahora, con el reciente decreto, los congresistas quedarán ganando $43′418.152 mensuales.
Así lo determinaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quienes emitieron y firmaron el decreto que oficializa el nuevo millonario salario de los congresistas, cuyo reajuste salarial fue aprobado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
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En esa línea, los honorables representantes de la Rama Legislativa colombiana recibieron un incremento del 14,62% en sus honorarios mensuales. Así lo determinó el Gobierno nacional en consonancia con el decreto 1219 del 2023. Es decir que su retroactivo iniciará a partir del primero de enero de 2023.
“La asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en catorce punto sesenta y dos por ciento (14.62%)”, reza el documento conocido en las últimas horas.
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El salario de los congresistas, como dicta la ley, se divide en tres asignaciones que van desde el sueldo normal como trabajadores del Congreso de la República, los gastos de representación (viáticos y otros beneficios), así como la prima por prestación de servicios que les entrega el Estado colombiano.

Tal y como ocurre con el salario mínimo para la clase obrera en Colombia, el salario de los llamados ‘padres de la patria’ también aumenta anualmente. En el caso de senadores y representantes su incremento empieza a partir del primer día del octavo mes del año: agosto.
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En 2022, el salario que aprobó el Gobierno de Iván Duque para los congresistas fue de $ 37′880.084. Es decir que ahora, en el Gobierno Petro, los integrantes legislativos tuvieron un incremento de $5′538.068, que representan casi tres salarios mínimos que recibe un colombiano de a pie en el país.
Aunque el salario de los 43 millones llegará en enero, desde el primero de agosto, según ordena el documento firmado por el director de Función Pública, César Augusto Manrique, tendrán un retroactivo de 7 meses; es decir que les llegarán 38 millones de retroactivo.
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A pesar de que desde varias orillas políticas, como el oficialista Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático, han adelantado proyectos para que el sueldo de los congresistas disminuya o se congele como máximo de 25 salarios mínimos legales vigentes, ninguna de esas iniciativas ha logrado salir adelante, por lo que año a año los colombianos ven con sorpresa cómo sus senadores y representantes se llenan los bolsillos de los impuestos de la ciudadanía.
Lo cierto es que al Gobierno nacional le corresponde —por obligación constitucional— expedir anualmente el decreto con el incremento salarial de los legisladores, justo después de que la Contraloría General de la Nación emita el certificado con el promedio ponderado de los reajustes de remuneración de los servidores públicos. Teniendo en cuenta esos parámetros, el presidente de la República termina firmando dicho documento, como hizo Gustavo Petro hace unas semanas.
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En ese sentido, a pesar de las polémicas, las promesas y la posición de la actual administración, el presidente de turno no se puede negar al incremento anual que está consignado en el artículo 187 de la Constitución Política de Colombia:
“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.
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Desde la anterior legislatura se vienen discutiendo varias de esas iniciativas en el Congreso. La más reciente es la del senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, a la que le faltan algunos debates para ser ley de la República. ¿Se logrará?
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