JEP ordenó verificar existencia de finca de Salvador Arana donde habría fosas comunes

Por medio de la resolución 2192 de julio de 2023, la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó verificar la identificación de la finca del predio Las Flores, propiedad del exgobernador de Sucre Salvador Arana, tras denuncia de supuestas fosas comunes en el predio.

En la petición elevada a la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal se tuvo en cuenta la denuncia presentada por Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde del municipio El Roble, Eudaldo Díaz, sobre la posible presencia de cuerpos en el predio.

Mediante un escrito presentado ante la Sala de Definición, Díaz Chamorro pidió adelantar “las labores necesarias y suficientes para determinar con certeza si en el predio se dispusieron cuerpos por parte de grupos paramilitares que actuaron en el departamento de Sucre con la connivencia del entonces gobernador Arana Sus”.

La familia del mandatario asesinado por orden de Arana Sus ya había denunciado los hallazgos de armamento en Las Flores, hecho que quedó documentado, pues la Policía incautó dicho arsenal en 2006.

De igual manera, resaltó que la también conocida como ‘fiscalía de la JEP’ halló que en ese predio ubicado en Sampués (Sucre) se plantea construir el proyecto urbanístico ‘Condominio Campestre Marsella Real’, por lo que solicitó realizar un estudio de caracterización y prospección ante la posible existencia de fosas clandestinas en las que se encuentren cuerpos de personas no identificadas e inhumadas durante el conflicto armado interno.

Sin embargo, la Fiscalía detalló que la finca Las Flores “es la misma La Maracuyá” sobre la que se hizo una diligencia judicial de exhumación y/o prospección el 9 de noviembre de 2021.

“Se realizaron 18 pozos de sondeo con resultados negativos para el hallazgo de restos óseos humanos, profundidad de cada pozo de 50 cm x 50 cm x 40 cm de profundidad y 1 metro de profundidad de barreno”, detalló la normativa.

Por ello, la JEP indicó que, de constatarse la existencia de personas no identificadas inhumadas dentro del conflicto armado, será esta misma sección que procederá “a realizar las exhumaciones correspondientes, dando cuenta a la Sala de Definición previamente a la realización de tales diligencias”.

Para esta identificación de la finca y el área en la que fue construida, la Unidad de Investigación concedió un plazo de tres meses y un mensaje de urgencia para adelantar estas labores. Para esto, esta sección podrá acudir a la versión de Díaz Chamorro, víctima acreditada por la JEP y así agilizar los trabajos de búsqueda en el menor tiempo posible.

Ante este pedido del tribunal especial de paz, el hijo del excalcalde de El Roble indicó a Infobae Colombia que, con el anuncio del presidente de designar a Salvatore Mancuso como gestor de paz, espera que haya declaraciones sobre los sitios donde fueron enterrados cuerpos de personas dadas por desaparecidas a manos de paramilitares.

“Es importante que se pronuncie con respecto al conocimiento que tenga de los lugares en los que puedan hallarse personas que fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares puedan darles un entierro digno”, indicó el también defensor de derechos humanos a este medio. En ese sentido, vio con buenos ojos el llamado del jefe de Estado sobre el excomandante de las AUC.

Sobre esto, ya Mancuso confesó antes y durante la audiencia única de verdad la existencia de cuerpos enterrados en el lazo venezolano de la frontera con Colombia; motivo por el que estableció un acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) para la entrega de información detallada respecto de la existencia de cuerpos en los puntos previamente indicados.