Nuevo vicepresidente del Senado fue sancionado por irregularidades en la contratación de alimentación escolar cuando fue alcalde

En la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio, fue elegido como presidente del Congreso Iván Name, quien estará acompañado por María José Pizarro y Didier Lobo en las vicepresidencias. Como era de esperarse, salieron a la luz los escándalos que han envuelto la vida política de los congresistas y a Lobo le reavivaron el caso de un supuesto desfalco por más de 4.000 millones de pesos en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), mientras era alcalde de La Jagua.

El hoy vicepresidente del Senado fue alcalde de La Jagua de Ibirico, en el Cesar, entre 2012 y 2015, periodo en el que se presentó un detrimento por $4.377 millones en sobrecostos por el pago de los alimentos que se compraron para el PAE, los cuales se entregaron durante 18 meses a madres cabeza de familia para la atención de 5.000 niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes.

La entrega de los paquetes alimentarios estaba a cargo de la empresa Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, con la que se firmó un contrato por $15.295 millones. La empresa encargada del Plan de Alimentación Escolar daba a los beneficiarios harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal.

Según estableció la Contraloría en 2019, los sobrecostos en la ejecución del contrato se dieron porque desde la Alcaldía de La Jagua de Ibirico “se realizó un estudio de mercado deficiente, que sólo tuvo en cuenta los precios ofertados por las grandes superficies sin tener en cuenta los valores de los demás agentes del mercado (pequeños intermediarios y graneros)”.

En la investigación de la Contraloría se pudo constatar que aunque los alimentos se cotizaron en grandes cadenas de almacenes, en realidad se le entregaron a las familias productos deficientes y de mala calidad. El ente de control encontró que compraron avena en hojuelas por 250 gramos a $3.480, cuando la cotización que obtuvo la Contraloría fue de $1.910; mientras que la harina de maíz por libra la compraron a $2.520, cuando el valor real era de $1.370.

“En relación con las deficiencias en la calidad de los productos se entregó margarina, aun cuando de conformidad con la ficha técnica establecida por el municipio se había solicitado mantequilla. De igual forma, la avena instantánea que se entregó no cumplía con la norma técnica nacional establecida”, sentenció la Contraloría.

Entre tanto, la Procuraduría vinculó al proceso a la entonces secretaria de Salud del municipio, Cenith Mireya Echávez Ospino y a los los exsecretarios de Planeación, Ovelio Enrique Jiménez Machado, y de Salud, Leydis Zulay Bermúdez Brito, quienes habrían participado en la etapa precontractual en los estudios previos para establecer el valor total del contrato.

En el caso también fueron imputados como responsables la empresa que hizo la interventoría del contrato, Unión Temporal Interventores Asociados EAG; los miembros de la sociedad contratista, Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, GERS, Industrias Alimentos Catalinsa S.A.S. y la Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.

Luego de las investigaciones, en 2020 Didier Lobo fue inabilitado para ocupar cargos públicos durante 6 meses y Cenith Mireya Echávez por 10 años debido al detrimento del patrimonio público por más de $3.900 millones y por “una eventual violación de los principios de economía y de responsabilidad”.

Pese a la apelación del exalcalde, la Procuraduría ratificó la sanción en 2021 y estableció que como Lobo Chinchilla ya no era servidor público, la sanción se convertiría en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de la comisión de la falta.