Gobierno impulsa proyecto para establecer el grado 12 en el sistema escolar colombiano

El borrador de la iniciativa busca otorgar el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental

Gobierno busca asegurar que la educación sea un derecho fundamental para todos los ciudadanos, promoviendo la igualdad de oportunidades. Jesús Aviles/Infobae
Gobierno busca asegurar que la educación sea un derecho fundamental para todos los ciudadanos, promoviendo la igualdad de oportunidades. Jesús Aviles/Infobae
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En el primer día de la nueva legislatura, el Gobierno de Colombia anunció dos proyectos de ley que buscan marcar un antes y un después en el sector educativo.

La primera iniciativa se enfoca en la esperada reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, mientras que la segunda aborda la concepción de la educación como un derecho fundamental en todos los niveles sociales del país.

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Así las cosas, la ministra Aurora Vergara compartió el borrador de la segunda propuesta, la cual representa un proyecto importante por parte del Gobierno liderado por el Ministerio de Educación para garantizar el acceso a la educación como un derecho esencial para todos los ciudadanos, además de regular y establecer las condiciones necesarias para su protección y mejora continua.

Además, se abre la posibilidad de crear el grado duodécimo (12°) en el sistema educativo, lo que permitiría una mejor preparación para el ingreso a la educación superior o al mundo laboral.

El proyecto de ley establece una serie de elementos fundamentales que definen el derecho a la educación en Colombia. Dichos aspectos son:

1. Asequibilidad: El ministerio busca garantizar la correcta cobertura educativa en todas las regiones del país, abarcando todos los niveles educativos. Es esencial que ningún estudiante se quede sin acceso a una educación de calidad debido a su ubicación geográfica.

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2. Accesibilidad: Allí se enfatiza en la igualdad de oportunidades para ingresar a los distintos niveles de estudios. El ministerio pretende eliminar las barreras que puedan limitar el acceso a la educación, asegurándose que todos los estudiantes tengan la posibilidad de alcanzar sus metas académicas sin discriminación.

3. Aceptabilidad: Plantean la importancia de mantener altos estándares de calidad y pertinencia en la educación; esto implica proporcionar programas educativos que sean relevantes y adecuados para las necesidades de los estudiantes y el desarrollo del país.

4. Adaptabilidad: De acuerdo con el sistema educativo, se propone adaptarse a las condiciones de los estudiantes, teniendo en cuenta sus características individuales y sus circunstancias personales para brindar una educación inclusiva y equitativa.

Aunque Colombia ya reconoce en su legislación la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incluye el derecho a la educación, este nuevo proyecto de ley busca reafirmar su compromiso con este derecho, en donde se establecen los criterios y principios claros.

Imagen referencial. Aunque Colombia ya reconoce en su legislación la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incluye el derecho a la educación, este nuevo proyecto de ley busca reafirmar su compromiso con este derecho. Canva.
Imagen referencial. Aunque Colombia ya reconoce en su legislación la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incluye el derecho a la educación, este nuevo proyecto de ley busca reafirmar su compromiso con este derecho. Canva.

Una de las propuestas más destacadas es el reconocimiento del derecho a la educación en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior; el objetivo es permitir que todos los estudiantes que terminen su educación secundaria tengan acceso a programas técnicos, tecnológicos o profesionales en instituciones de educación superior.

Con estos dos proyectos de ley, el Gobierno propone garantizar el acceso igualitario a la educación para todos los ciudadanos y con las bases establecidas para una formación de calidad que esté en línea con las necesidades y desafíos del siglo XXI.

Por el momento, se espera que estas iniciativas sean socializadas y discutidas ampliamente en el Congreso para su posterior aprobación y puesta en marcha o, por el contrario, sea denegada.

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