
Las investigaciones contra la exministra de Minas y Energía Irene Vélez no se limitan únicamente a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. La Contraloría también estaba detrás del presupuesto de la cartera por presunto mal manejo de los recursos.
En la reciente auditoría que realizó el órgano de control, se encontraron irregularidades en la gestión fiscal de los recursos públicos que están a cargo del Ministerio de Minas y Energía.
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Al respecto, el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, indicó que “se efectuó una auditoría en el Ministerio de Minas para identificar el cumplimiento de algunas actividades y ejecuciones de 2021 y 2022″.
Se encontraron en total 16 hallazgos constituidos durante 2021 y 2022. De estos, 12 tienen incidencia disciplinaria, ocho son de carácter fiscal y uno está para indagación preliminar por $68.789,22 millones.
El informe de auditoría reveló que las irregularidades en los recursos corresponden al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso, FSSR, al Programa de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE, y al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectada, FAER.
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Según la Contraloría, la falta de controles del Ministerio de Minas y Energía sobre el manejo de los recursos que le fue otorgado por decreto terminó en un desequilibrio entre el otorgamiento de subsidios y el no recaudo de contribuciones.
Lo anterior, a su vez, llevó a un déficit creciente de recursos para cubrir los subsidios por menores tarifas otorgados por las empresas de energía eléctrica a los usuarios beneficiarios del mismo.
Esto se evidenció, según la Contraloría, en la falta de recursos que el Fondo de Solidaridad FSSRI presentaba al cierre de 2022, asumiendo una millonaria deuda con los prestadores del servicio de energía.
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De acuerdo con el informe, el manejo que le ha dado el ministerio a la administración de dicho fondo permitió que algunas comercializadoras acumularan grandes saldos de contribuciones que no han podido ser giradas al FSSRI.

El contralor delegado explicó el caso de una de las comercializadoras: “tuvimos los que se llama unos hallazgos fiscales que consisten en que una comercializadora de energía, denominada Dicel, pues había hecho unos acuerdos de pago para devolver $29.700 millones de unas contribuciones que había recaudado en el mercado mayorista de energía, pero después fue suspendida por XM y no hubo la devolución de este dinero que le corresponde regresar para el Ministerio”.
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El funcionario agregó que se habían recaudado otros $5.000 millones por cuenta de dicha comercializadora, pero que no entraron al acuerdo de pago ni fueron devueltos al ministerio.
Finalmente, dijo que desde la Contraloría se está determinando si hay algún tipo de responsabilidad en funcionarios de la cartera: “Continúa, de aquí en adelante, saber quiénes son los responsables fiscales y además esto pasa a un área de investigación más profunda para determinar si hubo o no alguna conducta culposa o alguna responsabilidad de algún funcionario del Ministerio de Minas”.
“Aquí lo único que ha hecho la Contraloría es encontrar lo que se denomina ‘un hallazgo’, que es fiscal porque se considera que hay unos dineros que le corresponden a los ciudadanos y no han sido devueltos al Ministerio debidamente”, puntualizó el delegado, destacando que esta situación podría constituir un detrimento patrimonial para la Nación.
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La investigación que adelanta la Contraloría, inició después de que la Dirección de Información y Análisis de Reacción Inmediata (Idri), un sistema tecnología que utiliza la entidad para rastrear en tiempo real el destino de los recursos económicos del Estado, encontrara inconsistencias, entre $60.000 a $70.000 millones, en el manejo del presupuesto del Ministerio de Minas.
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