Uribe habló sobre propuesta que incluye a bandas criminales en Justicia y Paz: “Aplicó tanto a paramilitares como a guerrilleros”

Desde el Gobierno Petro se estaría analizando la posibilidad de que bandas criminales y narcotraficantes sean cobijadas por la Ley de Justicia y Paz (2005) que surgió bajo la administración del exmandatario Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). La iniciativa habría sido planteada por el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Frente a esta propuesta, Uribe se pronunció con un corto mensaje en Twitter en donde recuerda los grupos delincuenciales que fueron beneficiados con la Ley. “Para la memoria: nuestra ley de Justicia, Paz y Reparación se aplicó tanto a paramilitares como a guerrilleros”, dijo el ex jefe de Estado.

Aunque, en principio, la normativa nació en medio de las conversaciones de paz con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cobijó también a otros grupos armados al margen de la ley.

“Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos, como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones”, señala la Ley de Justicia y Paz.

En dicha normativa (Ley 975 de 2005), se establecieron disposiciones para la reincorporación individual o colectiva de combatientes. Los beneficios de hacer parte de la Ley de Justicia y Paz, entre otras cosas, contemplan la posibilidad de una “pena alternativa”.

De acuerdo con el documento, quienes cumplan con las condiciones para acceder a dicha pena, tendrán una sentencia proferida por la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial de mínimo cinco años de prisión y máximo, ocho. Esto, de acuerdo con la gravedad de los delitos cometidos y la colaboración que brinden los procesados para su esclarecimiento.

Ahora bien, la administración de Gustavo Petro estaría buscando que bandas criminales como La Oficina de Envigado de Medellín o Los Shottas, de Buenaventura, sean incluidas en la Ley de Justicia y Paz de Uribe. Esto, porque, según informó El Espectador, el proyecto de ley de sometimiento que intentó impulsar el Gobierno en la primera legislatura, ya no será radicado el 20 de julio, fecha en que inicia la segunda.

Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que la propuesta podría tener inconvenientes, ya que el sistema que se plantea desde la Ley de Justicia y Paz se enfoca en sujeciones individuales y no de bandas criminales completas.

“Yo lo que hago es intentar darle la estructura jurídica a las ideas que me trae el comisionado de Paz, no hablo con esas estructuras. A partir de los retos que él nos presenta, decidimos de qué manera nos podemos articular”, sostuvo el ministro Osuna al medio citado.

Si esta iniciativa llega a tener luz verde, las organizaciones delictivas que se sometan a la Ley tendrán que cumplir con jornadas de trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que estén en prisión. También tendrán que promover la desmovilización del grupo armado al que hayan pertenecido, como se plantea en la Ley.

Proyecto de ley de sometimiento

La iniciativa impulsada por el Gobierno Petro, la cual se hundió en el Congreso por falta de debate, contempla penas alternativas de entre seis a ocho años de prisión para los integrantes de las bandas criminales. Esto, siempre y cuando acepten su responsabilidad por la totalidad de los delitos cometidos.

El proyecto también establece que los grupos delincuenciales organizados deben entregar información sobre los cabecillas o jefes. Luego de que cumplan su pena, tendrán cuatro años de libertad condicional en los que deberán reparar a las víctimas.

También se ordena la entrega de bienes de origen ilícito, de los cuales podrán conservar menos del 6%. Esta parte de la iniciativa fue criticada por la procuradora Margarita Cabello: “El proyecto tiene que ser en favor de las víctimas y no de los victimarios (...) ya está más que suficiente lo que se les está dando, me parece que el 6 % ya es darles demasiados beneficios”, sostuvo en su momento la funcionaria.

El fiscal Francisco Barbosa tampoco se quedó atrás en las críticas al proyecto: “No se regala la zanahoria hasta tanto no se cumpla el compromiso de restauración porque si uno da la zanahoria, pues se la comen antes. Entonces hay que dar la zanahoria, pero parcialmente”, aseveró Barbosa.