Proyecto del Gobierno busca quitar subsidio de combustible a algunas empresas

Ricardo Bonilla e Irene Vélez ministros de Hacienda y Minas, respectivamente, preparan desde sus carteras un decreto conjunto que busca determinar el mecanismo diferencial para los grandes consumidores de combustible que aún están cobijados en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (Fepc), con el fin de generar un menor gasto en este.

El borrador del documento fue publicado por el ministerio de Hacienda con el objeto de recibir comentarios de expertos antes de someterlo a los distintos procesos de sanción y que pretende modificar mecanismo diferencial estabilización de precios de la gasolina corriente motor (GMC) y el aceite combustible para motores (Acpm) para que no aplique: “A empresas generadoras de energía ubicadas en Zonas No Interconectadas (ZNI)”.

“Los recursos destinados a financiar precios locales de combustibles líquidos fósiles menores a los internacionales para estos grandes consumidores podrían ser asignados a inversión o gasto público social con mayores rendimientos sociales para promover el desarrollo sostenible”, reza el documento.

De acuerdo con Portafolio, el decreto tiene como objetivo evitar que el precio de la electricidad aumente en las ZNI y que el subsidio se quitará a 191 empresas de las incluidas en del Fepc, el cual estaba cobijando unos 310.000 galones de combustible diariamente.

Con la expulsión de las casi 200 compañías, el fondo solo continuará beneficiando solo a 76 usuarios, que tienen un consumo promedio de 40.000 galones de combustible al día.

Portafolio cita que quitarles el subsidio a los 191 grandes consumidores generaría un efecto de 1,4 puntos básicos sobre la inflación y que, según el ministerio de Hacienda, eso equivaldría a un ahorro para el Fondo de Estabilización de $557.000 millones de pesos en 2023, si la medida se implementara a partir de julio.

De acuerdo con lo consignado en el borrador del decreto: “Los sectores económicos más afectados por las medidas corresponderían al de petróleo crudo y gas natural, carbón de hulla y servicios de apoyo a la minería”. Por un lado, la extracción de petróleo crudo y gas natural representan el 39,4% de subsidios.

Mientras tanto, la explotación de minas y canteras, representan el 19% de los grandes consumidores estabilizados por el Fondo. Seguidos por las industrias de producción de azúcar y panela, con 11,9%; más abajo están los sectores de construcción de obras de ingeniería civil, con 9,3% y la extracción de carbón de piedra y lignito, con un 3,9% de consumo en subsidios del Fepc.

El objetivo de la expulsión de los grandes consumidores es incentivar la transición energética de combustibles fósiles a energías verdes, algo que ayudará a cumplir con la premisa del Gobierno sobre el uso y la producción de energía sostenible en Colombia.

En el documento elaborado por las carteras de Estado se expone que el déficit fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible hasta 2019 era de $14,2 billones de pesos, que ascendía a $17,0 billones. Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) indicó que para el año en curso el déficit corresponde a es de $18,5 billones, de los cuales $13,5 billones corresponden al impacto del diésel.

El ministerio de Hacienda agregó que el déficit del Fepc se dio porque no contaba con los recursos necesarios para asumir sus obligaciones con los productores, por lo que el Gobierno nacional debió intervenir para servirle de acreedor con créditos extraordinarios del erario público.

Finalmente, el documento establece que: “Corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) regular las actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo”.