
El Gobierno de Gustavo Petro está estudiando si las bandas criminales y de narcotraficantes pueden someterse a la justicia colombiana por medio de la Ley de Justicia y Paz —la misma que dio un marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares durante la presidencia de Álvaro Uribe—. Toda vez que no se radicará el proyecto de ley de sometimiento a la justicia el 20 de julio, cuando inicie la segunda legislatura.
Entre los que han pedido que se estudie esta posibilidad están, según información de El Espectador, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, así como varios congresistas. La propuesta ya la están estudiando en el Ministerio de Justicia, al respecto, el ministro Néstor Osuna advirtió: “Yo lo que hago es intentar darle la estructura jurídica a las ideas que me trae el comisionado de Paz, no hablo con esas estructuras. A partir de los retos que él nos presenta, decidimos de qué manera nos podemos articular”.
Al ministro Osuna le preocupa que el mecanismo de postulación para el sometimiento diseñado para Justicia y Paz es individual y no para la totalidad de una banda criminal, como con las que el Gobierno nacional ha estado teniendo acercamientos.

El ministro también reparó en que durante la legislatura que terminó el 24 de junio, la agenda legislativa del Gobierno fue muy “ambiciosa” y que al centrarse la discusión en torno a la reforma a la salud, se resintieron proyectos como el de sometimiento a la justicia —que terminó archivándose por falta de debate— y el de humanización carcelaria. Sobre este último dijo que se volverá a radicar en el Congreso, pero sin mensaje de urgencia.
Volviendo a la propuesta de que las bandas criminales se sometan a la justicia a través de la Ley de Justicia y Paz, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también habló con El Espectador y dijo que sí es viable que bandas criminales —con las que el Gobierno ha estado en acercamientos como La oficina de Envigado o Los Shottas— se puedan cobijar bajo esta ley.

El ministro Velasco advirtió que hay puntos que deben analizarse en detalle, como la reincidencia: “Habría que revisar, porque las circunstancias de criminalidad pueden tener algunos cambios. Hay que revisar a aquellos que reincidieron, a ver cómo se maneja eso, pero no es algo que podamos decir que es igual. Las circunstancias y las acciones pueden cambiar”.
También reparó en que así como la Ley de Justicia y Paz —de acuerdo con el estudio que hizo la Corte Constitucional cuando fue aprobada— le quitó al paramilitarismo su connotación política, esto se mantendrá con las bandas criminales.

Por su parte, el senador Ariel Ávila, autor del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, dijo que él preferiría que se tramitara una nueva ley y que no se recurriera a la Ley de Justicia y Paz, de la que señaló tiene algunos vacíos, que de intentar subsanarse podría entorpecer aún más el sometimiento de estas estructuras criminales a la justicia.
También reconoció que el problema es de tiempo, pues existen grupos que están buscando que someterse a la justicia de inmediato y que tramitar una nueva ley requiere de eso: tiempo.
El senador Ávila se refirió a una de las preocupaciones del ministro Osuna —que tiene que ver con el que el mecanismo de sometimiento propuesto por Justicia y Paz en lo que tiene que ver a la postulación para cobijarse de esta ley es individual—, advirtiendo: “El sometimiento puede ser colectivo, pero la postulación es individual, entonces ahí se puede generar un riesgo de no generalización. Yo creo que el problema de Justicia y Paz es más de contrastación y de tiempos, este último que sí tiene que ver con la postulación individual”.
Sobre el proyecto del que es autor, el senador Ávila dijo que en el Congreso puede que si haya ambiente para discutirlo, pero que “no hay mayorías claras” para aprobarlo, lo que más allá de retrasar la discusión del proyecto provocaría el fracaso del mismo, “justo cuando todo el mundo se quiere someter”.
La decisión final es del presidente Gustavo Petro, que deberá definir si el camino para consolidar la Paz Total es valerse de la Ley de Justicia y Paz o darse la pela por tramitar una nueva ley. Sobre esto último, el senador Ávila fue taxativo: “Eso sí, depende del Gobierno. Si no se define entre esta y la otra semana, luego no habrá tiempo”.
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