Ministra de Educación respondió sobre el contrato de su esposo con el Estado: “Ha sido funcionario por más de dos décadas”

La ministra de Educación, Aurora Vergara, también se vio involucrada en el escándalo relacionado con los contratos otorgados a familiares y parejas sentimentales de los funcionarios del Gobierno en las entidades estatales. Su esposo, Víctor Olmedo Martínez, es contratista de la Defensoría del Pueblo por más de 90 millones de pesos.

El caso de Vergara hace parte de una serie de contratos que se han firmado entre familiares de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro con el Estado. Tal es el caso del esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez, o de cinco miembros del núcleo familiar del cónsul en Chile Sebastián Guanumen.

A raíz de la revelación, la ministra de Educación confirmó que su pareja sentimental tiene un contrato con la Defensoría del Pueblo, pero argumentó que no tiene relación con su posición, por tratarse de instituciones independientes; además, dijo que la experiencia de Olmedo en el sector público es anterior a su llegada al Gobierno.

“En efecto mi compañero de vida trabaja en la Defensoría del Pueblo, así he dejado constancia en la documentación pública correspondiente. Él ha sido funcionario público por más de dos décadas de vida profesional”, sostuvo la ministra Vergara a través de su cuenta de Twitter.

En este caso, tanto Vergara como Olmedo señalaron en su declaración de conflictos de interés para posesionarse en el cargo la información de su pareja. Él es contador público y desde el 2008 hasta el 2021 fue sido contratista de la Gobernación del Valle del Cauca y el Concejo de Cali.

En febrero de 2023, firmó un contrato con la Defensoría del Pueblo para acompañar la implementación y el seguimiento de los proyectos de Cooperación Internacional y Convenios o Contratos Interadministrativos de la delegada para asuntos étnicos. La vigencia va hasta noviembre, por un valor de 90 millones de pesos, es decir que devengará alrededor de 10 millones de pesos mensuales.

La ministra Vergara señaló que “la Defensoría del Pueblo es un ente autónomo e independiente cuyos procesos administrativos y contractuales no dependen de la rama ejecutiva, ni mucho menos de la cartera ministerial que represento”. Esa entidad hace parte del Ministerio Público, dentro de los organismos de control del Estado, y su suprema dirección es el procurador general.

“Es importante que se aclare públicamente que la existencia de dicha vinculación contractual no configura conflicto de interés alguno con capacidad de influir en el cumplimiento de mis funciones y responsabilidades, en beneficio de un particular”, señaló la ministra Vergara.

El caso de la ministra Irene Vélez

El antropólogo y documentalista neerlandés Sjoerd van Grootheest fue contratado por el Fondo Colombia en Paz para dirigir la estrategia de comunicación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI). El productor se radicó en Cali desde hace años, donde habría conocido a Irene Vélez y con quien se casó.

El contrato de prestación de servicios 796-2023 fue firmado el 7 de julio y publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tres días después, por una solicitud de la DCSI, pues señalaron que no contaban con personal suficiente para cumplir con la labor de comunicación del programa de sustitución Pnis.

Van Grootheest tendrá como función, según dice el contrato, formular las estrategias de comunicación de la Dirección de Sustitución, gestionar los canales oficiales, supervisar los contratos, elaborar las piezas comunicativas que se le soliciten, entre otras actividades.

El valor del contrato es de 128.770.332 de pesos, que se le pagarán al contratista en cuotas mensuales de 10.730.861 de pesos, debido a que el contrato tiene un periodo de ejecución de 12 meses.

Lo que llama la atención es que Vélez omitió, según ella por un “error de digitación”, declarar a su cónyuge en la declaración de intereses del 2023 que fue publicada unas semanas antes de que se firmara la contratación de su pareja.