Qué pasará con la alimentación de los presos que están en las URI: Ministerio de Justicia firmó un nuevo convenio

El pasado 29 de junio la Defensoría del Pueblo alertó que más de 17.500 personas privadas de la libertad en estaciones de la Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) estaban a punto de quedarse sin alimentación.

El riesgo fue evidente cuando la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) indicó que no le seguiría brindando ese servicio a los presos, pues eso era competencia de las autoridades municipales y departamentales.

La Uspec había informado en una mesa técnica con la Defensoría y la Procuraduría que brindaría el servicio hasta el próximo 31 de julo, dejando a la deriva la situación alimentaria de las personas privadas de la libertad.

Con base en las estadísticas recopiladas por la Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, en Colombia hay 22.659 personas privadas de la libertad en estaciones de la Policía y Unidades de Reacción Inmediata. La Uspec atiende las necesidades alimentarias del 75% de esos reos, por lo que la decisión de suspender los servicios significaría una crisis en el sistema penitenciario del país.

Ante esa situación, el ministerio de Justicia medió con la Upec para que los reclusos sigan recibiendo la alimentación hasta el 31 de octubre del año en curso. De acuerdo con la cartera de Estado el primer acuerdo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios fue la prórroga de la entrega de alimentos, pero el objetivo de las mediaciones es que los reos puedan recibir comida de la Uspec hasta el próximo año.

En la mesa de concertaciones también participaron Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entidades que junto al MinJusticia y la Uspec acordaron:

• La Uspec prorrogará el actual contrato de alimentación hasta el 31 de octubre de 2023, para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio en los centros de detención transitoria.
• Dar trámite a un proyecto de ley con el que se amerite a la Uspec para que pueda continuar con el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria. La competencia transitoria se fijará hasta el 30 de junio de 2024.
• Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos y la Uspec solicitarán a las autoridades locales que en los presupuestos del 2024 incluyan el rubro necesario que permita asegurar los recursos para los centros penitenciarios.
• Mantener la mesa técnica con la presencia de los diferentes actores, para continuar con la articulación entre la Nación y territorios en los temas relacionados con el sistema penitenciario y carcelario del país.

Por su parte el ministro de Justicia Néstor Osuna resaltó que con el acuerdo interinstitucional ningún preso del país se va a quedar sin alimentación ningún día de su detención. El jefe de cartera anunció también que el documento de los acuerdos será expuesto ante la Corte Constitucional para que haga los ajustes pertinentes.

“Vamos a explicar a la Corte Constitucional por qué los entes territoriales no pueden asumir de inmediato esta competencia, para que el alto tribunal determine un marco temporal transitorio, para que la USPEC deje de asumir esta obligación sin que se generen traumatismos para las personas privadas de la libertad y sus familias”, puntualizó Osuna.

La mediación del ministerio de Justicia para seguir garantizando la alimentación de los presos es solo un paño de agua tibia en una situación que necesita soluciones de fondo, pues en los CAI de la Policía y las URI de la Fiscalía hay un hacinamiento del 124%, según detalló la Defensoría del Pueblo.

El hacinamiento y las malas condiciones dentro de esos centros de detención han causado múltiples amotinamientos en distintas partes del país, que dejan daños en la infraestructura, recrudeciendo la crisis económica y de recursos para los penitenciarios de Colombia.