Crisis humanitaria en Chocó: 9.000 personas en riesgo de hambruna por la guerra entre ELN y Clan del Golfo

Cerca de nueve mil personas en Chocó están confinadas debido a la crisis humanitaria derivada de los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales. El ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) se disputan el control territorial en la subregión San Juan mediante hostigamientos a civiles y declaratorias de paros armados.

En municipios como Sipí la situación es crítica: según el alcalde del municipio, la población que allí reside está secuestrada. La gran mayoría de las 500 personas que viven en la cabecera municipal tuvieron que irse desplazadas sin que haya hasta el momento un mecanismo que les permita el retorno.

En la zona rural viven otras cuatro mil, todas ellas sitiadas por los fuertes y constantes combates entre el Clan del Golfo y esa guerrilla que inició un paro armado (el quinto del año en ese municipio) el 5 de julio. Esto no solo desencadenó el confinamiento, sino también la hambruna, pues ambas estructuras ilegales impidieron el paso de alimentos en los corredores terrestres y fluviales a pesar de que hay ocho puntos de control instalados por la fuerza pública.

Sipí, Istmina, Nóvita y Medio y Litoral de San Juan son las regiones del sur de Chocó afectadas por las restricciones al ingreso de alimentos. De acuerdo con monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, hay por lo menos nueve mil personas que entraron en situación de hambruna debido a que la comida que hay en esas zonas alcanza solamente para tres días.

Para Seguey Palacios, personero de Sipí, si no se mejoran las condiciones de seguridad, los hostigamientos de los dos actores ilegales van a continuar; además, expresó en diálogo con Noticias Caracol que las medidas hasta ahora tomadas para contener la situación son “pañitos de agua tibia”.

Lo que ocurre en Chocó es “una bomba de tiempo”: gobernador de Chocó

El hambre generada por los enfrentamientos en el sur del departamento bastó para que el gobernador Ariel Palacios hiciera un llamado de urgencia al Gobierno nacional para proteger a las 14 comunidades que viven en esta zona del suroccidente colombiano.

Incluso, ante la gravedad de la crisis pidió al alto comisionado para la Paz que incluya a las AGC en el cese al fuego bilateral acordado entre el Gobierno nacional y el ELN.

“La confrontación no es con la fuerza pública, es entre estos dos grupos al margen de la ley que se están disputando el territorio (...) Nosotros pensamos que si se firma un cese al fuego con el ELN pues debería firmarse con el Clan del Golfo para que estos dos grupos no se sigan enfrentando”, sugirió el mandatario departamental durante el lanzamiento de la primera etapa del plan de territorialización de la política de defensa y seguridad ciudadana.

En el evento, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no habló sobre mecanismos a corto plazo para contener la escalada de violencia; sin embargo, anunció un paquete de medidas conjuntas entre ese departamento, Córdoba y Antioquia. También regañó a las Fuerzas Militares por las bajas incautaciones de cargamentos de cocaína en esos departamentos.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, la subregión San Juan sufrió el quinto paro armado en lo que va de 2023; por lo que hicieron un llamado al ELN a ser coherentes entre lo mencionado en la mesa de negociaciones con el Gobierno y su actuar en los territorios.

Sumado a eso, detectó que durante el paro armado del ELN (decretado ante supuestos ataques de las AGC) seis comunidades fueron desplazadas de los sectores Buenas Brisas, Barranconcito, Doidó, San Agustín, Chambacú y Cañaveral. “Todas se han visto afectadas por las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, indicó la entidad.