La Procuraduría General de la Nación anunció en la mañana de este martes 11 de julio que destituyó e inhabilitó de su cargo al gobernador del departamento del Vichada, Álvaro Arley León Flórez, por suscribir un contrato por más de $1.700 millones con una persona inhabilitada por haber realizado aportes a su campaña a la Gobernación.
De acuerdo con el ente de control, el millonario contrato fue suscrito para la entrega de mercados en la región durante la emergencia sanitaria en Colombia por el covid-19. Lo llamativo del acuerdo es que el particular con el que se firmó estaba inhabilitado para contratar con la Gobernación del Vichada, debido a que había hecho contribuciones financieras para la campaña del hoy gobernador.
El Ministerio Público de hecho dio a conocer en sus indagaciones que el gobernador León Flórez (periodo 2020-2023) tenía conocimiento de las contribuciones que el particular señalado había hecho a su campaña, y con quien suscribió el acuerdo para los mercados.
“Se tenía conocimiento de esta contribución y donación en especie y en especial, el disciplinable quien suscribió, en su condición de candidato, el formulario de las contribuciones realizadas por particulares”, señaló el ente de control.
La sanción
Debido a los hallazgos del Ministerio Público, en el que quedó evidenciado que el gobernador tenía pleno conocimiento de las irregularidades que estaba cometiendo al suscribir dicho contrato, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años al gobernador del Vichada.
Debido a que la decisión de la Procuraduría corresponde a una sanción en primera instancia, el ahora destituido gobernador Álvaro Arley León Flórez podrá interponer un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
Gobernador del Vichada ya había sido sancionado por la Procuraduría
Ya el pasado 28 de agosto del 2022 la Procuraduría General de la Nación había suspendido de su cargo a León Flórez por un periodo de cuatro meses, luego de que se comprobara una serie de irregularidades en un contrato para la entrega de alimentos para población vulnerable durante la emergencia por covid-19.
De acuerdo con el ente de control, León omitió el cumplimiento de su deber al permitir que suscribiera el contrato “sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad”.
El negocio jurídico, con fecha del 3 de abril de 2020, tenía como objeto “la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales en el marco de la pandemia covid-19 en el departamento del vichada”, por un valor total de $1.714′041.000.
El Ministerio Público determinó en ese entonces que “como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual”, se adicionaron costos injustificados e inconvenientes en algunos lineamientos como impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue, logística, entre otros.
Por esos hechos, el técnico operativo código 314, grado 04 de Compras y Suministros de la Gobernación, Cicerón González García, también fue suspendido por 6 meses.
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