
En el municipio de Tuluá, en el centro del departamento del Valle del Cauca, no sale de la consternación luego de que en cuestión 72 horas fueran asesinados tres funcionarios del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de esa población, por lo que la gobernadora, Clara Luz Roldán, incrementó el domingo 9 de julio la recompensa por información que permita la captura de los responsables.
Se trata de los homicidios de Alejandra Guatapi Franco, directora de la mencionada entidad; Katherine Toro, contratista de la misma dependencia, y del agente de tránsito John Jaiber Hincapié. Las mujeres fueron ultimadas con arma de fuego el pasado viernes 7 de julio, y el uniformado el sábado.
“Ofrecemos hasta $100 millones de recompensa por información que nos permita capturar a todos los responsables de estos homicidios (sic)”, anunció la mandataria regional.
Las dos funcionarias murieron luego de un ataque sicarial en el barrio Palo Bonito que estaba dirigido a Guatapi, quien iba en compañía de Toro, a la que la alcanzaron los disparos que provocaron su deceso.
Mientras que Hincapié perdió la vida cuando se movilizaba en una motocicleta, junto con una colega de su trabajo, cuando hombres armados, que también iban en moto, lo interceptaron y le dispararon en las inmediaciones del barrio Bicentenario, cerca de la plaza de mercado de esa población, informaron en el periódico regional El País de Cali.
Tras los crímenes en redes sociales se hizo viral un supuesto comunicado atribuido a una estructura criminal que se denomina como la Oficina de Tuluá en el que señalan que perpetraron el crimen del agente de tránsito y el de otro hombre, porque eran los directos responsables del asesinato de las dos mujeres vinculadas a la entidad de Movilidad municipal.
“La persona que se le dio de baja ayer en Agua Clara y este agente de tránsito tienen que ver en los hechos donde perdieron la vida estas dos honorables y trabajadoras femeninas, el cual nuestra organización rechaza y está tomando medidas correctivas como se debe con las personas que cometieron este atroz crimen”, aseguraron.
Además, en el mismo texto, amenazan con más asesinatos porque todavía había más personas implicadas a las que les aplicarían ese ‘correctivo’.
Sobre este tema, la gobernadora del Valle del Cauca manifestó su rechazo en la misma publicación en Twitter con la que anunció el aumento de la recompensa.
“NADA NI NADIE PUEDE SUSTITUIR EL PODER DEL ESTADO, EL MONOPOLIO DE LAS ARMAS, NI EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO QUE ASISTE A NUESTRAS INSTITUCIONES (sic)”, trinó.
La funcionaria, además, sostuvo que las autoridades competentes están avanzando para esclarecer todo lo sucedido durante el fin de semana.
“Estamos al frente de la investigación de estos repudiables asesinatos, con nuestras autoridades @FiscaliaCol @PoliciaColombia @ValleSeguridad, y llegaremos hasta las últimas consecuencias para judicializar a los responsables. La investigación de estos hechos avanza por el camino correcto y este miércoles hemos citado consejo de seguridad extraordinario con toda la Fuerza Pública (sic)”, concluyó Roldán.
Por esta situación, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, anunció que se encargaría temporalmente de las funciones del Departamento Administrativo de Movilidad, mientras se llevaban a cabo las investigaciones por estos hechos.
“Se pidió el acompañamiento de los organismos de control, con el fin de que se pueda dar claridad a la opinión pública frente a lo que ocurre en el interior de este ente descentralizado. El Mandatario de los tulueños le ha solicitado a la Policía Nacional un dispositivo de acompañamiento en las labores que adelantan los agentes de tránsito”, expresaron en un comunicado de la alcaldía municipal.
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