Por sobrecostos en el PAE, inhabilitan a exgobernador de Arauca investigado por presuntos nexos con el ELN

La Procuraduría General de la Nación (FGN), destituyó e inhabilitó al exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene (2016-2019), que suscribió un contrato para la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento, el cual presentó sobrecostos por más de 8.600 millones de pesos. La sanción fue de ocho años, tiempo en el que no podrá ejercer ningún cargo público.

Junto con él, el entonces gerente de contratación del departamento, Édgar Alfonso Cadena Díaz y la exsecretaria de educación ad hoc Norma Cecilia Cabrera Pérez, fueron sancionados también. El primero por haber dado luz verde al contrato, a pesar de las irregularidades que presentaba; la segunda, tramitó las adiciones de tiempo que se hicieron a la ejecución al contrato, que fueron dos, y una adición en materia económica de más de 4.300 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo de control y vigilancia, el contrato de prestación de servicios en cuestión es el 174 de 2016 y sus sobrecostos se prolongaron durante el tiempo de su ejecución.

“Existió una variación real del precio de la ración para el almuerzo equivalente al 53,74%, esto es, $1.181,77 por almuerzo, y para el complemento alimentario jornada mañana/tarde fue del 13,23 %, es decir $ 271,98 por complemento”, explicó la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.

La Gobernación determinó el presupuesto del contrato incrementando en un 10.85% el costo total de la ración, que había sido establecido en 2016. Dicho aumento corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, la Procuraduría identificó que el valor que se adjudicó a la ración involucraba componentes diferentes a los alimentos.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 decidió categorizar la conducta de los tres exfuncionarios sancionados como falta gravísima a título de culpa gravísima.

“Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular”, concluyó el organismo de control.

En 2021, Ricardo Alvarado fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, financiación de grupos de delincuencia organizada y concierto para delinquir agravado.

El entonces gobernador del departamento fue capturado en 2021 junto con José Facundo Castillo, quien también ocupó el mismo cargo, por tener presuntos nexos con el Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos son investigados por haber celebrado contratos millonarios con miembros del grupo armado.

“La Fiscalía acreditó la existencia de abundante material probatorio, a través de la cual señaló que Alvarado se concertó y sostuvo alianzas con miembros del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de cometer distintas conductas atentatorias de los mecanismos de participación democrática, la administración y la seguridad pública”, detalló Ismael López, el delegado de la Procuraduría en el caso contra el exgobernador Alvarado.

De acuerdo con El Espectador, comandantes del frente habrían pactado ayudar al exgobernador Ricardo Alvarado en su campaña en diferentes municipios del departamento, a cambio de coimas en contratación pública, que representaban el 10% de los contratos que se celebraran.

Incluso, el entonces funcionario habría gestionado con el ELN golpes en contra de la fuerza pública. Asimismo, supuestamente regaló una camioneta a uno de los comandantes del frente, alias Bateman.

A pesar de que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá que Alvarado fuera enviado a la cárcel como medida preventiva mientras se adelantan las investigaciones en su contra, en noviembre de 2021 le fue otorgada la prisión domiciliaria. José Facundo Castillo sí fue asegurado en un centro carcelario de manera preventiva. Estos, mientras se resuelve su situación jurídica.