La captura simultánea de un hombre y una mujer, acusadas de explotación sexual digital de menores en Bogotá e Ibagué, desencadenó la intervención de organismos nacionales e internacionales. Las autoridades señalan que los delitos incluyeron abuso sexual, almacenamiento y distribución de material explícito, afectando gravemente a una menor que, al momento de los hechos, tenía entre 11 y 13 años.
La investigación penal se inició tras la denuncia de la madre de la víctima ante la Fiscalía. Según los documentos del caso, los abusos ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando los agresores aprovecharon el entorno familiar para registrar y comercializar imágenes ilícitas.
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La situación se agravó en mayo de 2025, cuando la menor fue extorsionada por redes sociales para enviar nuevo material, bajo amenazas de divulgar imágenes anteriores que ya habían sido distribuidas por los acusados. En respuesta a la presencia de rastros digitales en el extranjero, la Policía Judicial colombiana solicitó cooperación internacional.
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín e Interpol, explicó que “debido al rastro digital de los perfiles administrados en el extranjero, las labores de policía judicial permitieron establecer que los dinamizadores operaban desde territorio estadounidense. Esta situación conllevó a la activación inmediata de los canales de cooperación internacional con la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Colombia”.
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Las detenciones se realizaron mediante órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, con el respaldo de la Fiscalía y la colaboración del FBI.
Los acusados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, donde recibieron cargos por proxenetismo con menor de edad, pornografía con personas menores de 18 años, actos sexuales y acceso carnal abusivo con menor de catorce años.
Un juez de control de garantías legalizó las capturas y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para ambos. La Fiscalía General de la Nación lidera el proceso penal, fundamentando las imputaciones en el material probatorio recabado por el Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín.
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La articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el FBI fue clave para desmantelar la red cibernética que facilitaba la distribución del material ilegal. Las autoridades recalcaron que la operación buscó no solo capturar a los responsables directos, sino también identificar los vínculos internacionales involucrados en la comercialización de contenido de abuso sexual infantil.
Las investigaciones determinaron que, tras la denuncia, la víctima fue contactada y constreñida mediante perfiles gestionados desde el extranjero, lo que motivó la activación de canales de cooperación con el FBI y permitió la obtención de pruebas transnacionales.
La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia frente a delitos cometidos a través de plataformas digitales. Según la institución, el despliegue operativo refuerza la persecución penal de quienes atentan contra la integridad de menores, utilizando tecnología y redes internacionales para perpetrar estos crímenes.
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Abuso sexual infantil en Colombia
El abuso sexual a menores en Colombia sigue siendo un tema grave y persistente. Entre enero y agosto de 2023, la Policía Nacional reportó 8.295 delitos sexuales contra menores de edad. Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 12.899 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en infancia y adolescencia en ese mismo periodo.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registró 11.135 ingresos de menores al sistema de protección por violencia sexual, la mayoría de las víctimas fueron niñas.
La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre fallas estructurales en la respuesta institucional, con baja detección temprana, normalización social del delito y desarticulación entre entidades responsables. Entre 2023 y 2025 se denunciaron más de 6.000 casos, con un pico de 2.251 registros en 2024. La Fiscalía recibió 22.697 denuncias por este delito entre 2015 y 2025. El diagnóstico nacional identificó territorios críticos y graves brechas de atención.
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