Las autoridades nacionales en una ofensiva contra los delitos que vulneran a la infancia enviaron a prisión a un sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor de edad con discapacidad cognitiva y dejarla embarazada.
Desde la Fiscalía General señalaron que el hombre de 45 años de edad se habría aprovechado de la niña de 11 años ofreciéndole comida y dinero para ganarse su confianza y así facilitar la comisión del abominable delito.
En el norte del departamento de Antioquia, en la zona urbana del municipio de Valdivia, ocurrió el crimen que horrorizó a los habitantes del Valle de Aburrá.
Según el director de la seccional Antioquia del ente acusador, Daniel Parada, todo transcurrió “el 10 de septiembre de 2022, cuando, al parecer, el hombre llevó a su casa a la menor de edad y la habría accedido carnalmente”.
En la investigación que adelantó un fiscal de la Unidad de Género de la Seccional Antioquia, con el apoyo de la Policía Nacional, se estableció que los repentinos cambios en el comportamiento de la pequeña víctima, además de un dinero que habría encontrado la tía de la menor, sirvieron para alertar a las autoridades del abominable abuso.
De igual forma la tía de la menor de 11 años se percató que la niña se encontraba en estado de embarazo. Debido a lo señalado el procesado fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado; pese a que no aceptó los cargos recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las autoridades recuerdan que en caso de un abuso sexual en contra de un menor de edad lo que debe hacerse es dirigirse a las Unidades de Reacción Inmediata, URI, a las Salas de Atención al Usuario o a las Casas de Justicia. También se puede hacer efectiva la denuncia ante la Policía Nacional del barrio, o a una Comisaría de Familia, estas organizaciones recibirán la denuncia e indicarán a que autoridades se debe acudir para darle rapidez al proceso.
Una vez se comunique el caso, la Fiscalía remitirá a la víctima al Instituto de Medicina Legal, donde se deberán hacer exámenes pertinentes para verificar el estado de salud tanto físico como psicológico. Este procedimiento deberá arrojar resultados necesarios para la investigación.
Además, el Instituto de Bienestar Familiar también cuenta con una línea gratuita nacional 141 para denunciar actos de violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil, o reportar una emergencia que comprometa a un menor de edad.
Prisión para una pareja por presunto abuso sexual a dos menores en Amazonas
Un importante avance en la lucha contra la violencia sexual infantil se logró en el departamento de Amazonas, luego de que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre y una mujer investigados por el presunto abuso sexual de dos menores de edad, en hechos aislados ocurridos en Leticia y Puerto Gaitán, respectivamente.
El proceso judicial se basó en el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, que reveló los estremecedores acontecimientos que enfrentaron las dos menores de edad. Las estrategias investigativas definidas por la Seccional Amazonas fueron fundamentales para llevar a la justicia a los presuntos responsables de estos actos atroces.
El material hallado puso en evidencia el actuar de Mónica Shuña López, señalada como coautora del abuso perpetrado, al parecer, en contra de una menor de 11 años en Puerto Nariño (Amazonas), el 10 de junio de 2020. La mujer fue capturada mediante orden judicial por servidores de la Policía Nacional en vía pública del citado municipio, como presunta responsable de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
El otro capturado es Henry Gaudencio Méndez Solano, a quien se le imputa haber accedido carnalmente, y de manera violenta, a una niña de tan solo 8 años de edad. Según la investigación, el hombre habría aprovechado la vulnerabilidad de la víctima cuando pasaba sola frente a su vivienda en el barrio Porvenir de Leticia (Amazonas), para tomarla de la mano e ingresarla a su hogar, donde habrían ocurrido los hechos el 7 de junio de 2023.
Los dos procesados fueron judicializados gracias al trabajo coordinado y estructurado entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional y enfrentarán la justicia por los crímenes que se les imputan.
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