Durante la mesa de negociación del sector público, que se instaló el pasado 28 de marzo, el viceministro de relaciones laborales e inspección, Edwin Palma, firmó un acuerdo con líderes sindicales del país este viernes 23 de junio. El documento firmado tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos, bienestar laboral, mejor calidad de vida para los empleados públicos del país, otorgar beneficios para la carrera administrativa, incorporación de enfoque de género, respeto a la libertad sindical y política laboral.
En el pacto entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector público, se estableció la destinación de $2,6 billones de pesos al aumento salarial del 1,6% para el 2024, más el índice de precios al consumidor. Con esa decisión serán beneficiados por lo menos 1,3 millones de servidores públicos en Colombia.
“Estamos muy satisfechos con la suscripción de este acuerdo para cerca de 1.3 millones de trabajadores de las entidades del Estado y que ha costado $2.6 billones de pesos, que significan ingresos para las familias de los y las trabajadoras del Estado. Un acuerdo que también implica bienestar laboral, que reconoce y fortalece los derechos colectivos que para este Gobierno es bien importante”, declaró el viceministro Edwin Palma.
Este acuerdo de aumento salarial se suma al incremento del 14,62% en los sueldos, que recibieron los funcionarios estatales el pasado 9 de mayo. Cabe resaltar que los aumentos salariales para 2023 y 2024 cobijan a servidores públicos de la rama Ejecutiva, rama Judicial y maestros.
Entre tanto, en la rama Legislativa, uniformados, empleados oficiales y servidores territoriales, el ajuste se hace acorde a la autonomía de estas entidades, pero teniendo como referente los incrementos pactados en la Mesa de Negociación del Sector Público.
Por medio del Departamento Administrativo de la Función Pública y el acuerdo firmado, el Gobierno promoverá la incorporación del enfoque de género y diferencial, esto en el marco del plan de formalización del empleo público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia que desarrolla la administración nacional.
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio del Trabajo, se modificará el Decreto 344 de 2021, que reglamenta los términos que tienen las organizaciones sindicales y la administración pública para autorizar los permisos sindicales. Desde la cartera laboral del país, buscarán seguir fortaleciendo las garantías sindicales de los trabajadores del sector público y sus organizaciones sindicales.
Así mismo, el MinTrabajo presentará un proyecto de ley en la segunda legislatura del 20223, con el que espera promover la modificación de la Ley 2094 de 2021, que decreta las potestades de la Procuraduría General de la Nación en los temas disciplinarios de los servidores públicos.
El objetivo del Gobierno nacional es incluir entre las funciones de la Procuraduría la facultad para sancionar acciones que impliquen discriminación, persecución, violencia y cualquier otra conducta antisindical contra dirigentes sindicales y personal sindicalizado.
Finalmente, el Ministerio del Trabajo informó que instalará tres mesas de diálogo tras firmar el acuerdo. La primera será con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y las organizaciones sindicales del acuerdo, en un término no mayor de tres meses a la suscripción del pacto.
En esa mesa de diálogo se evaluarán las solicitudes de la creación de prima técnica profesional, asesor, técnico y asistencial; el incremento de la bonificación por servicios prestados y su inclusión como factor de liquidación en la prima técnica; el incremento de la prima de antigüedad; reconocimiento de pago de horas extras e incremento de la bonificación por recreación, en entidades nacionales y territoriales.
La segunda discusión será con el Ministerio de Transporte, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, las centrales y federaciones firmantes del acuerdo, para que en un término de cuatro meses se evalúe la viabilidad técnica, jurídica, presupuestal y financiera, para la destinación de un porcentaje adicional de los recursos por recaudo procedentes del contrato del RUNT 2.0 como fuente de financiación para el fortalecimiento y ampliación de planta de trabajadores.
La última mesa de negociaciones será entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales para realizar un estudio con componentes económico y jurídico para la reducción de la jornada laboral de los funcionarios estatales.
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