
El fin de semana, la Contraloría dio a conocer que tras un negocio mal ejecutado y sin garantías, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) perdió más de medio billón de pesos de los dineros, los uniformados en retiro. Es por eso que en la mañana de este 19 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a las autoridades correspondientes intervenir e investigar la situación.
En el mensaje que compartió en su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado, incluso, aseguró que buscará el espacio con la Contraloría para crear una estrategia que permita la recuperación de ese dinero:

Perdida del dinero por un mal negocio
Recordemos que de acuerdo con la investigación, el problema se remonta al 2015, cuando el Cremil cerró un negocio con la Administración América Centro de Negocios, cuyo vocero fiduciario es Itaú, bajo el título de Aldea Proyectos.
Según los datos que arrojó la investigación, en este proceso, desde el comienzo hubo procesos que pusieron en riesgo el dinero de los 14 lotes ubicados hacia la calle 100 con carrera 7ª en Bogotá, que cedió el fondo de pensiones para la construcción de unas supuestas oficinas que serían entregadas en el 2019, ya que cuando se hizo el traspaso no hubo un documento o una pieza de garantía sobre el terreno, siquiera un adelanto del valor del terreno.
Hay que resaltar que en ese momento el valor de ese terreno estaba en unos 250.000 millones, pero en el estudio que realizó Asolonjas en 2022 dejó en evidencia que con el tiempo que el detrimento ha aumentado, ya que en la actualidad ese espacio tiene un valor promedio de 543.000 millones.
En este sentido, y como resultado de la investigación, la Contraloría anotó que este no se debe solo a la buena fe, sino que también hay que tener otros factores en cuenta como la negligencia, los intereses particulares (hay que mencionar que el fondo no tiene permiso de cerrar este tipo de negocios); y demás. Es por eso que, actualmente, en la investigación se encuentran vinculados varios gerentes de Cremil y hasta a quienes han participado del consejo directivo de la entidad en los últimos ocho años, pues existen responsabilidades administrativas, fiscales y penales que se configuran en 20 hallazgos identificados.
A la perdida de los 14 lotes se le suma que las multas impuestas al Fidecomiso no han sido pagadas, ni siquiera ha ido pasadas a cobro coactivo. La situación es preocupante y reprochable, pues una de las conclusiones es que los únicos que perdieron fueron los retirados de las Fuerzas Militares, ya que los intereses del colectivo y los beneficios de sus ahorros se pusieron en riesgo.
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