Gremio de las EPS le pidió al Congreso $10,45 billones para garantizar la subsistencia del sistema de salud

A través de una carta radicada el martes 13 de junio al Congreso de la República, el gremio de las EPS le pidió al legislativo la inclusión de $10,45 billones en recursos adicionales para garantizar el cierre financiero del Sistema de Salud este año.

Esta cifra se desagregó de la siguiente manera: $3,1 billones para gastos en salud; $3,4 billones para cubrir deudas atrasadas y $3,9 billones para presupuestos máximos, es decir, para tecnologías y tratamientos novedosos que no están en el Plan de Beneficios.

“Respetados Honorables Senadores y Representantes: nos dirigimos a ustedes para solicitar de manera urgente la inclusión de recursos adicionales al Presupuesto General de la Nación por $10,45 billones de pesos, que incluyen $7 billones que permitan garantizar el cierre financiero del Sistema de Salud en su componente de aseguramiento, que al día presta cerca de 2,5 millones de atenciones, así como deudas previas por $3,45 billones”, comenzó la misiva firmada por Paula Acosta que se radicó en las comisiones terceras del Congreso el martes 13 de junio.

Explicó la misiva que durante 2022 y 2023 el Sistema de Salud ha estado expuesto a choques sanitarios y económicos que han disparado el gasto en salud y deteriorado su equilibrio financiero, y ante dicho escenario ACEMI está viendo en esta adición presupuestal “una oportunidad única” para solucionar esta situación.

“Hacemos un llamado respetuoso a las Comisiones Económica Conjuntas a darle prioridad a la adición de recursos para la salud. Como aprendimos en la pandemia reciente, este sector es la base para el buen funcionamiento de la sociedad, para proteger sus avances sociales y su aparato productivo. Esta Ley de Adición Presupuestal es una gran oportunidad para establecer las condiciones financieras necesarias del buen funcionamiento del sector salud como un todo, ya que de la suficiencia de recursos para la UPC dependen todos los actores del Sistema de Salud, incluidos prestadores públicos y privados, proveedores de servicios de salud, medicamentos, dispositivos y tecnologías. La sostenibilidad financiera del sector salud está en sus manos”, puntualizó la carta firmada por Paula Acosta.

De un lado, está el mayor gasto por los efectos post-pandemia que incluyen ponerse al día con las atenciones que por las restricciones mismas de la pandemia no se pudieron prestar. También se refirió a las atenciones adicionales que requieren los 10 millones de afiliados de EPS liquidadas que han llegado a EPS afiliadas a ACEMI en los últimos 5 años, así como a la ambiciosa actualización del plan de beneficios de 2022 y el incremento en frecuencias de uso causado en parte por la incertidumbre generada por la reforma a la salud que se estima en un 20%.

Del otro, fueron mencionadas la inflación, la devaluación y el incremento de salarios en un sector altamente intensivo en mano de obra calificada y en bienes importados, todo lo cual ha elevado los costos de los servicios, medicamentos y tecnologías de salud.

En este orden de ideas los aumentos sumados de precios y de cantidad de servicios prestados, llevaron a que el año pasado por cada $100 pesos que recibieron las EPS del régimen contributivo por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) pagaran servicios de salud por $102, generando un déficit aún mayor si se consideran los gastos administrativos que oscilan entre el 4% y el 8%.

En ese sentido, para este 2023 las cifras al mes de marzo muestran una siniestralidad del 99,1%, lo que es superior en 9 puntos porcentuales al estimado por el gobierno, lo que evidencia la necesidad de un ajuste de la UPC que sea suficiente para cubrir las necesidades en salud de los colombianos.

“Esto implica que la totalidad de recursos del aseguramiento está financiando el costo de servicios sanitarios sin que queden recursos para la gestión administrativa del sistema, que debe ser asumida con cargo al patrimonio de las EPS”, puntualizó la misiva que, añadió que todo este escenario se sumó una demanda creciente de recursos para atender las tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, a través de la figura de los Presupuestos Máximos, de los cuales existen deudas de la ADRES desde el año 2021, que estimamos en $3,8 billones.

Sin embargo, indicó ACEMI, el gremio evidenció que en la ponencia para primer debate al proyecto de Ley de Adición Presupuestal, se apropian $2,03 billones para el aseguramiento de los regímenes contributivo y subsidiado, servicios médicos de afiliados a Ferrocarriles y cuotas partes del Seguro Social.

Estos recursos, explicó, aunque necesarios son insuficientes para atender el costo creciente de los servicios de salud en el país y garantizar la oportunidad y calidad en la atención. Los recursos adicionales solicitados son $3,1 billones para aseguramiento UPC, y $3,9 billones para presupuestos máximos y $3,45 para pago de deudas previas. Así:

1. UPC: $3,1 billones adicionales para financiar los gastos en salud, suponiendo que el 95% de la UPC se dedica a atenciones, o que es menor a la norma que para contributivo distribuye la UPC 10% operación y 90% atenciones y subsidiado que es 92% vs 8% para los mismos conceptos.

2. Presupuestos Máximos: $3,9 billones distribuidos de la siguiente manera: $2,1 billones para financiar el faltante de 2023, suponiendo que este gasto no crece (en años previos el crecimiento ha sido hasta del 36%) y los déficits de 2021 estimado en $263 mm y 2022 por $1,57 de acuerdo con las cifras registradas ante la Superintendencia Nacional de Salud.

“Cabe anotar que para este año la apropiación de los Presupuestos Máximo fue de $1,7 billones frente a una ejecución en 2022 de $3,8 billones lo que es a todas luces insuficiente. Este año se vienen ejecutando cerca de $250 mil millones mensuales lo que llevaría a que el mes de julio se agote la apropiación disponible para todo el año”, indicó a este respecto la carta radicada por ACEMI al Congreso de la República.

3. Y con relación a las deudas previas: $3,45 billones distribuidos de la siguiente manera: $2,89 billones para pago de recobros, fallos de tutelas y gastos autorizados por Comité Técnicos Científicos y MIPRES, $ 139 mm para pago de beneficios económicos, y $423 mil millones por menores recaudos de cotizaciones y otros pagos del Sistema.