De la Espriella anuncia formalmente fin del contrato del Fomag con Fiduprevisora y ordena auditoría forense

El presidente aseguró que el Gobierno no prorrogará el vínculo después de 36 años y 43 otrosíes. También anunció investigaciones sobre posibles irregularidades y prometió continuidad en salud y prestaciones para los maestros

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció, a través de su cuenta de X, que su Gobierno decidió no prorrogar el contrato del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con Fiduprevisora, después de 36 años de relación contractual y 43 otrosíes.

En su pronunciamiento, el mandatario aseguró que la decisión hace parte de una revisión más amplia sobre la administración de los recursos destinados a la salud y las prestaciones de los docentes del país.

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De la Espriella afirmó que el Gobierno encontró un Fondo con un patrimonio negativo reportado superior a $3,1 billones, además de problemas en la atención médica, retrasos en pagos y dificultades que, según sostuvo, han obligado a maestros a enfrentar barreras para acceder a servicios de salud.

“Se acabó el festín con los recursos de los maestros de Colombia”, escribió el presidente al comunicar la medida.

- crédito Fomag
- crédito Fomag

Presidente ordena auditoría forense

Uno de los anuncios centrales fue la realización de una auditoría forense para establecer qué ocurrió con los recursos del Fondo e identificar eventuales irregularidades.

El presidente indicó que los hallazgos que surjan de ese proceso serán enviados a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para que, dentro de sus competencias, determinen si existen responsabilidades de carácter penal, fiscal o disciplinario.

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De la Espriella también se refirió a denuncias sobre un supuesto reparto político alrededor del Fomag y a presuntas cuotas que habrían beneficiado a políticos, abogados, funcionarios o personas relacionadas con nombramientos en cargos de poder.

Es importante precisar que estas afirmaciones fueron formuladas por el presidente en su publicación y corresponden a señalamientos que deberán ser verificados por los organismos de control y las autoridades judiciales.

“Si hubo políticos, abogados, funcionarios o contratistas que utilizaron los recursos de los maestros para pagar favores y alimentar redes clientelistas, tendrán que responder ante la justicia”, manifestó el jefe de Estado.

El mandatario planteó además varios interrogantes sobre quiénes permitieron las supuestas irregularidades, quiénes tenían responsabilidades de vigilancia y quiénes pudieron haberse beneficiado.

Fiduprevisora  - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Fiduprevisora - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Gobierno promete continuidad en salud y prestaciones

De la Espriella aseguró que la decisión de no prorrogar el contrato con Fiduprevisora no implicará una interrupción de los servicios para los docentes.

Según explicó, el Gobierno garantizará la continuidad de la atención en salud y de las prestaciones del magisterio mientras se adelanta una transición hacia un nuevo esquema de administración.

El presidente no detalló en su publicación cuál será la estructura que reemplazará el actual modelo ni los tiempos específicos para completar la transición.

Sí insistió en que el objetivo es avanzar hacia un esquema que, según su Gobierno, tenga mayores niveles de transparencia y reduzca los riesgos de manejo político de los recursos.

“Los recursos de los maestros son sagrados”, afirmó el mandatario, al tiempo que aseguró que su administración buscará establecer responsabilidades si se confirma un uso irregular de los dineros del Fondo.

El anuncio abre ahora una etapa de transición para la administración de uno de los fondos más importantes asociados al sistema de prestaciones del magisterio.

También deja pendiente el resultado de la auditoría forense anunciada por el Gobierno, que será clave para determinar si las denuncias mencionadas por el presidente tienen respaldo documental y si existen elementos que ameriten actuaciones de los organismos de control.

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