Campesinos que habrían secuestrado a militares y policías en el Cauca deberían ser judicializados, aseguró la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación se pronunció acerca del presunto secuestro de militares y policías en Patía, Cauca. El Ministerio Público solicitó a las autoridades pertinentes entregar información sobre las acciones que se han tomado contra los campesinos y encapuchados que perpetraron el hecho.

A través de una carta, la Procuraduría se dirigió al Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Policía del Cauca, para pedir un informe con los planes de acción que se diseñaron para evitar que estos hechos se vuelvan a registrar en el territorio nacional.

Es de recordar que en hechos registrados a mediados de mayo de 2023, 26 militares y dos policías fueron retenidos por un grupo de campesinos y encapuchados.

El presunto secuestro se dio cuando los militares y policías adelantaban actividades propias de su labor en la lucha contra el narcotráfico en Patía, Cauca.

Para ese entonces se difundieron varias imágenes en las que se veía que los uniformados estaban siendo retenidos en contra de su voluntad. Los miembros de la fuerza pública fueron agrupados por encapuchados que les impidieron la movilidad.

En su momento el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó lo ocurrido y manifestó que esperaba se tratara de una instrumentalización por parte de grupos armados y no un acto de voluntad propia por parte de los campesinos.

“Es inadmisible la actitud asumida por campesinos en El Patía, Cauca, impidiendo que un grupo de soldados, en cumplimiento de su deber constitucional y acatando órdenes del presidente de la República en cuanto a la lucha frontal contra el narcotráfico, impidan destruir laboratorios de cocaína”, expresó en su momento el jefe de la cartera de Defensa.

La Procuraduría mencionó la judicialización de los responsables de la retención ilegal de los miembros de la fuerza pública

Además de pedir un informe sobre los planes de acción para que no se repitan estas situaciones que atentan contra la labor de la fuerza pública en el país, el Ministerio Público mencionó los procesos de judicialización para los responsables.

En la carta que envió al Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fiscalía, la Procuraduría cuestionó si ya se están adelantando las investigaciones, así como los proceso penales en contra de las personas que retuvieron a los uniformados.

El Ministerio Público solicitó a los destinatarios de su misiva “informar si se está adelantando la respectiva investigación y judicialización de las personas que participaron en el presunto secuestro del pasado 11 de mayo, cuando al parecer, comunidades campesinas del Patía retuvieron ilegalmente a 28 miembros de la fuerza pública, obstruyendo los operativos militares y de policía que desarrollaban”.

Desde el órgano de control señalaron que la mayor preocupación es que la población civil siga ejecutando acciones que impidan a los miembros del Ejército y la Policía Nacional adelantar sus labores, sobre todo las relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.

A su vez, preocupa que ese tipo de acciones se normalicen y terminen afectando el orden público en el departamento.

Es de resaltar que en el caso del presunto secuestro en Patía, Cauca, las unidades de la fuerza pública tenían la orden de intervenir y destruir un laboratorio de cocaína que estaba ubicado en esa zona del país.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca recordó que esta actuación está encaminada a prevenir que ciudadanos de la zona “obstaculicen nuevamente el cumplimiento de las funciones asignadas a los militares y policías para mantener el orden y la seguridad en el departamento, sin que ello implique coadministración”.