Se han registrado 117 acciones violentas en el marco del cese al fuego del Gobierno Nacional: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer el quinto reporte del seguimiento al cese al fuego bilateral promovido por el presidente Gustavo Petro.

Las cifras actualizadas muestran un incremento de las acciones violentas; ya son 117 en cinco meses. De ellas, 24 corresponden a acciones bélicas directas y 93 han sido acciones indirectas que han tenido repercusiones en la población civil.

Los departamentos más afectados por estos eventos son Antioquia, Nariño y Cauca. Según la entidad, el 51% de las acciones indirectas identificadas ha ocurrido en estos tres departamentos.

Cauca, sin embargo, es el que más ha registrado acciones violentas en este período de tiempo. “Es el departamento con mayor afectación por acciones bélicas directas, lo que corresponde al 62% del total de los hechos dados a conocer por la Defensoría del Pueblo en su balance sobre el panorama de vulneraciones a los derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con ocasión del cese”, explica el comunicado de la entidad.

“Estos hechos de violencia ejercidos por los actores armados ilegales dejan en evidencia la poca o nula voluntad que tienen para contribuir a sacar adelante un acuerdo que permita la Paz Total, como la ha denominado el Gobierno nacional; la misma paz que están cansados de esperar los colombianos porque no ven acciones reales y contundentes, gestos verdaderos, que sí respeten el cese al fuego y no pongan en peligro su vida e integridad”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides y Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc han sido los responsables de la mayor cantidad de eventos violentos que han tenido lugar en el país: 20 acciones bélicas directas y 50 indirectas son atribuidas a ellos.

Este grupo armado, según la entidad, delinque actualmente en 19 departamentos del país, lo que equivale a 180 municipios. Dichos departamentos son: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, Nariño, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca, Antioquia, Arauca, Casanare, Norte de Santander y Cesar, además de Bogotá.

El Clan del Golfo tampoco se queda atrás, pues es responsable de 21 acciones indirectas que han afectado a la población civil en estos cinco meses de 2023.

“Sea esta la oportunidad, una vez más, para llamar a los actores armados a subirse al bus, al verdadero bus de la paz. Den muestras de que sí es posible alcanzarla en Colombia. No desvanezcan la esperanza que aún conserva todo un país”, expresó el defensor del Pueblo en el comunicado.

El tambaleo del cese al fuego bilateral

El cese al fuego con el Estado Mayor Central Farc-Ep fue decretado el 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de que la media empezara a regir desde el primero de enero de 2023 hasta el 30 de junio. Ocurrió igual con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo; el decreto establecía el mismo período de tiempo para detener las afectaciones humanitarias hacia la población civil y hacia la Fuerza Pública.

Sin embargo, en marzo se suspendió la medida con el Clan del Golfo, debido a la quema de al menos cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público en el Bajo Cauca. Estos hechos ocurrieron el 19 de marzo y fueron denunciados por Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, explicó Petro al respecto. Luego, ordenó a las fuerzas militares reactivar las operaciones en contra del grupo armado.

Luego, en mayo, se suspendió también el cese al fuego con las disidencias de las Farc, luego de que se conociera el caso de cuatro menores indígenas que fueron asesinados por este grupo. “Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores lo mismo. Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto”, declaró Petro en su momento.