
Este viernes se daría inicio a las negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la bandas de Medellín; el encuentro se efectuaría en la cárcel de Itagüí.
Según fuentes oficiales los decretos con los que se designa a los voceros ya se encuentran listos. Con esta negociación se espera sacar de la ilegalidad a más de 14.000 mil personas. Estos decretos incluyen nombres de voceros tanto del gobierno como de delincuentes que se encuentran recluidas o en libertad y que estarían en representación de los jefes de estas bandas delincuenciales.
Se espera que en las próximas horas queden firmados los decretos que ya se encuentran en la Casa de Nariño y así darle piso jurídico a esta propuesta con la que se busca sacar de la ilegalidad a los integrantes de estas bandas que delinquen en el Valle de Aburrá.
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Aunque este tema se ha manejado con total hermetismo por lo delicado del mismo, según información extralegal esta mesa de diálogos se estaría iniciando el próximo viernes 2 de junio entre delegados de las bandas que operan en Medellín y el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante una entrevista reciente con el diario El Colombiano el comisionado de Paz, Danilo Rueda, afirmó que “en este momento tenemos interlocución en fase de acercamiento con cerca del 90%. Nos falta un 10%. Buscamos lograr el 100%, pero si no lo lográramos, igual vamos a iniciar la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? El escenario de conversaciones sociojurídicas; empieza una fase pública”.
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Además, enfatizó en que “las personas trasladadas de cárceles para facilitar esto, como lo que pasó en Itagüí, son sentenciadas y referentes, por ejemplo, de quienes están activos. Y si delinquen, pues incurren en nuevos delitos. Es importante esa diferencia, porque de lo contrario estaríamos amparando el delito y a su responsable”. También resaltó que “para este Gobierno es imposible llegar a una constituyente con la paz total”.
Cabe resaltar que estas bandas recientemente decretaron un cese al fuego, desde la cárcel de la Paz, como se le dice a la de Itagüí, en la que están incluidos poderosos grupos como La Oficina y Los Pachelly.
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Estos decretos aún no se han firmado ni publicado aún, pero según información publicada en el diario El Colombiano por parte del gobierno estarían presentes en esta negociación la senadora Isabel Zuleta, la ex comisionada de la Verdad Lucía González, el exsecretario de Gobierno de Antioquia y exasesor de Paz Jorge Mejía Martínez, además de una persona vinculada con los gremios de la región, de quien aún no se conoce el nombre.
En cuanto a los grupos ilegales los principales voceros serían quienes en la actualidad se encuentran privados de la libertad y otras que se encuentra libres, pero que tienen contacto directo con los cabecillas de estos combos, además de un grupo de abogados que garantizará y apoyará estas conversaciones para que lleguen a buen término.
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Mientras se ultiman detalles del encuentro, el gobierno está convocando a sectores oficiales, como la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, entre otros, para que acudan el viernes 2 de junio al comienzo de estos diálogos que buscan terminar con la delincuencia que presente en todo el Valle de Aburrá.
Quienes son Los Pachelly
Este grupo delictivo es manejado por la familia Henao Acevedo, que lleva más de 10 años al mando de esta banda delincuencial que opera en el municipio antioqueño de Bello; en la actualidad trabajan para la estructura paramilitar conocida como Los Urabeños.
Entre sus cabecillas se encuentran Antonio Henao Acevedo, alias “Albert”, recluido en la Cárcel EL Pedregal, y condenado a seis años por concierto para delinquir; y Jader Botero, alias “Gancho”, un desmovilizado del Bloque Centauros de las AUC.
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Sobre La Oficina
Esta banda surgió en la década de los 80 creada por el extinto Pablo Escobar Gaviria, como una banda dedicada al sicariato, pero que en la actualidad tiene el control del narcotráfico en la región.
Su principal cabecilla es Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, fue capturado y posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos, en mayo de 2008.
La oficina está confirmada por la Alianza Criminal del Norte, que agrupa el 80% de la delincuencia urbana y la Confederación Criminal, con el 20% restante
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