Niñera de Laura Sarabia aseguró que la obligaron a someterse al polígrafo: especialista explica si esto es legal y en qué casos

En medio de la polémica que hoy ronda a la Casa de Nariño a causa de las escandalosas declaraciones de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, jefe de Gabinete de la Presidencia, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, habló de la forma legal en la que en Colombia puede ser usado el polígrafo.

La explicación del especialista, otorgada a la FM Radio, surge luego de que Meza denunciara haber sido obligada a someterse a esa prueba por parte de Sarabia por el presunto robo de un dinero en la casa de la funcionaria. Marbelys, para el momento de la desaparición de los 7.000 dólares, cuidaba al hijo de Laura.

“El polígrafo es un medio de convicción que gozó de una gran reputación hace muchos años como un instrumento para saber si las personas mentían o no y en ese contexto se utilizó en las empresas, pero judicialmente hace mucho no se usa porque es falible, las conclusiones son debatibles y en Colombia carece de cualquier estricto legal”, inició diciendo en su explicación sobre el tema Bernate.

“El único evento en el que puedo someter a alguien al polígrafo, llevarlo a una oficina, es cuando la persona me da su consentimiento (...) Se trata de un presunto hurto doméstico de un dinero, porque en absoluto está en juego la unidad o seguridad nacional”, detalló ante la emisora ya reseñada el presidente del Colegio de Abogados Penalistas.

Según contó Meza a la revista Semana, medio de comunicación que publicó la denuncia, fue obligada a responder preguntas en el sótano del edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño. En total, respondió a los cuestionamientos de tres polígrafos, pues era acusada de haber tomado el dinero que se le había perdido a Sarabia.

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir. Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, relató a Semana, la exniñera de Sarabia.

“Eran tres hombres, no sé ni sus nombres ni sus apellidos. Pero, si los veo, sé quiénes son (...). Eran altos, robustos, uno moreno y uno más o menos trigueño”, destacó al recordar que aquellos sujetos solían llamarla, en repetidas ocasiones, ‘ladrona’.

Al escándalo que rodeó su nombre, Laura Sarabia contestó que después del hurto había acudido a las autoridades para denunciar. Reveló que el dinero correspondía a “pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.

“Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”, añadió ante la prensa nacional.

Lo que sigue en el polémico caso ahora es la realización de debate de control político en contra de la funcionario por los presuntos abusos cometidos en contra de su niñera, Marelbys Meza.

“Una denuncia donde se puede ver una posible comisión de delitos como secuestro, sometimiento de manera irregular al polígrafo y sin orden judicial. Ella fue conducida a un edificio del estado en donde se le violaron todos los protocolos de seguridad y alguien dio la orden para que agentes del Estado se vincularon en esto” comentó sobre el caso el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Villamizar.

Al debate, citado por Villamizar, también están citados el director de la UNP (Unidad de Protección), Augusto Rodríguez y el jefe del Batallón de la Guardia Presidencial, el teniente coronel Gerardo Ávila. Fue invitado a participar, además, el fiscal general, Francisco Barbosa.