SúperGiros habría hecho pagos irregulares en favor de la campaña presidencial del hoy jefe de Estado Gustavo Petro, y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) le habría devuelto esas donaciones a cambio de millonarios contratos. Así lo denunció recientemente la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
En un extenso hilo de su cuenta oficial de Twitter, la congresista aseguró que esa red se habría encargado de pagar supuestos favores políticos en beneficio del entonces candidato a presidente del Pacto Histórico, la actual coalición del Gobierno nacional.
“Descubrimos el camino de la corrupción con Supergiros para pagarle los favores políticos al Pacto Histórico”, aseguró la congresista uribista, donde recordó que el hoy expresidente del Senado Roy Barreras decía que SúperGiros le había ayudado a Petro en la primera vuelta y que, en el balotaje, le habría entregado entre 500 y 1.000 millones de pesos.
Barreras hizo esa declaración en los llamados petrovideos, que se conocieron a inicios del 2022, cuando se empezaba a gestar la contienda para suceder a Iván Duque en la Presidencia de la República. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) investigó esas filmaciones por presunta competencia desleal, luego la archivó.
Esto, al denunciar que habrían desaparecido los soportes que, conforme a la ley 996 de 2005, se debían evidenciar para mostrar de dónde salieron las supuesta donaciones. Así mismo, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional establece que las personas jurídicas, en este caso SúperGiros que es una empresa, tiene prohibido entregar dineros para campañas presidenciales.
¿Qué tiene que ver el DPS?
De acuerdo con Paloma Valencia, el departamento que se encarga de girar los subsidios del Gobierno a los colombianos en condición de vulnerabilidad habría devuelto esas supuestas donaciones con contratos a SúperGiros. Prosperidad Social, actualmente, es dirigida por la abogada Cielo Rusinque, una vieja aliada del presidente Gustavo Petro.
Según la senadora, el DPS le entregó un contrato a SúperGiros por más de 20 mil millones de pesos, con el que se encargaría de entregar el bono de Colombia Mayor, una de las principales apuestas del actual Ejecutivo.
Las implicaciones de estas presuntas contrataciones irregulares, dice Valencia, son que afectarían “la eficacia y trazabilidad de los subsidios, y SuperGiros y el Banco Agrario son los beneficiarios de los grandes contratos”, aseveró la legisladora de oposición.
Es más, asegura que Cielo Rusinque habría hecho de todo para que la entrega de esas ayudas monetarias no llegaran a tiempo, mientras SúperGiros hacía las gestiones para poder quedarse con el millonario contrato, del que la congresista uribista aportó pruebas en su denuncia en redes sociales.
Incluso, la congresista aseguró que desde que Petro llegó al poder en 2022, SúperGiros le habría hecho publicidad al Gobierno a través de sus canales oficiales. “Sabemos que este es un escándalo mayúsculo, pues existen pruebas de que SuperGiros ayudó hacer pagos en campaña presidencial a los testigos electorales”, trinó Valencia.
La denuncia no paró ahí. De alguna forma, la militante del Centro Democrático insinuó que el nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, llegó a ese cargo porque, al igual que SúperGiros, le hizo donaciones a la campaña de Petro en 2022.
En otros apartes de su grave denuncia, Paloma Valencia también aseguró que en ese presunto entramado de corrupción habría participado Xavier Vendrell, un asesor del hoy presidente, que es oriundo de Cataluña y que recibió la nacionalidad colombiana cuando Petro llegó al poder.
Hasta el Banco Agrario salió a relucir. Según la congresista, con esa entidad bancaria estatal se hizo un contrato que “se realizó con una tarifa de 3.200 pesos por cada familia a la que se le gira su recurso”.
“Prosperidad Social no tenía que realizar contratación directa. Necesitaba hacer un acuerdo marco real para revelar que otras entidades privadas podrían ofrecer costos de comisión más bajos. La doctora Cielo Rusinque podría estar incurriendo en detrimento patrimonial”, aseguró Valencia, que salpicó a Davivienda y otras entidades y pidió a la Contraloría, a la Fiscalía y al CNE, tomar cartas en el asunto.
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