
En la mañana de este viernes 28 de abril la Fiscalía General de la Nación le imputó a la excongresista Aida Merlano el delito de fuga de presos por su cinematográfico escape de un consultorio odontológico el 1 de octubre de 2019. Pese a todas las pruebas que hay en su contra, incluyendo un video de cámaras de seguridad, la también exrepresentante a la Cámara no aceptó los cargos.
En la audiencia ante el juzgado 51 de control de garantías, el fiscal al frente del caso señaló que la fuga de Merlano contó con el apoyo de su hija, Aida Victoria Merlano y, además, tuvo un entramado de corrupción por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Es de recordar que Merlano en ese entonces cumplía una condena de 15 años en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá por fraude electoral. Ese 1 de octubre del 2019, la excongresista aprovechó una cita odontológica en el Centro Médico de la Sabana, ubicado al norte de la ciudad, para escapar de la justicia.
Por esos hechos, el fiscal le imputó a la exrepresentante a la Cámara el delito de fuga de presos y, al preguntarle si entendía el cargo que le era imputado, Merlano expresó que no los aceptaba, declarándose así inocente.
En medio de la imputación de cargos, según el diario El Tiempo, la excongresista cuestionó al fiscal sobre el porqué no se le hizo mención al beneficio del principio de oportunidad, situación con la que, de acuerdo con el citado medio, Merlano buscaría evitar la acción penal en su contra.

La revista Semana, por su parte ,señaló que con el beneficio del principio de oportunidad se estaría buscando primordialmente un principio de colaboración con la Fiscalía General de la Nación para que ella entregue información relevante en las demás investigaciones que actualmente adelantan las autoridades por dicha fuga.
Miguel Ángel del Río Malo, abogado de la exsenadora, comentó al diario El Tiempo que en medio de la intervención de la Fiscalía se mencionó la posibilidad de buscar otros mecanismos para que el proceso en contra de Merlano termine de manera “anticipada”.
Entre tanto, la Fiscalía solicitó una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de la excongresista. De acuerdo con el representante del ente acusador, Merlano debe permanecer detenida ante el riesgo de fuga, así lo conoció el citado medio.
Merlano responde ante la justicia colombiana desde el pasado 10 de marzo cuando llegó a Colombia deportada desde Venezuela, luego de meses de que la exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador le hiciera un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que exigiera al Gobierno venezolano su extradición.
La excongresista había realizado la solicitud durante una extensa audiencia en la que declaró en el proceso judicial que se adelanta contra el empresario Julio Gerlein por compra de votos.

La exrepresentante a la Cámara actualmente tiene una condena en firme de 11 años de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa persona.
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