La Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Iván Moreno Rojas a cinco años y siete meses de prisión como autor de los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos, por hechos de 2009 relacionados con el denominado ‘carrusel de las ambulancias’ en Bogotá.
En su decisión, la Sala Especial de Primera Instancia también lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 69 meses y 11 días y le impuso una multa de 29.577 millones de pesos, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo cual continuará privado de su libertad.
Puntualmente, los hechos que juzgó la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con una licitación que la Secretaría de Salud del Distrito llevó a cabo en 2009, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, con el fin de contratar el servicio de ambulancias para la capital del país y mejorar la atención en salud en Bogotá.
En el marco de esa licitación, el exsecretario de Salud del Distrito, Héctor Zambrano, suscribió el contrato 1229 del 30 de septiembre de 2009 con la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá (TAM).
En ese contexto, la Corte Suprema determinó que en esa adjudicación intervino el entonces senador Iván Moreno Rojas, quien llegó a un acuerdo ilegal con su hermano Samuel, alcalde mayor de Bogotá para la época, así como con el concejal Hipólito Moreno Gutiérrez, contratistas e intermediarios.
Según la Corte, ese direccionamiento se dio a cambio del pago de una coima:
Hay que destacar que estos hechos de corrupción, con la contratación del servicio de ambulancias, ocurrieron en el marco del denominado ‘carrusel de contratos de Bogotá’.
En ese sentido, los magistrados consideraron que Iván Moreno tuvo conocimiento de este comportamiento irregular, por lo que hizo pagos por adelantado para asegurar la licitación del contrato.
El documento en mención hace referencia a la prestación de servicios prehospitalaria para que los operadores se encargaran de la atención, asesoría y traslado de pacientes, un contrato adjudicado por un valor $67.203′690.774 de pesos.
Por último, la Corte Suprema de Justicia enfatizó que:
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