
El miércoles 19 de abril fue convocada una manifestación frente a las instalaciones del Ministerio de Defensa, por parte de miembros Ejército Nacional para reclamar por lo que han llamado una violación al programa de reintegración a la vida civil. Varios soldados profesionales activos y en retiro se manifestaron en contra del gobierno de Gustavo Petro.
El inconformismo entre los soldados profesionales se ha visto reflejado en los 180 derechos de petición contra el Ejército. Los militares que han combatido en el monte y en las regiones más apartadas de Colombia contra los grupos armados ilegales, reclamaron su derecho a tener iguales garantías que oficiales y suboficiales.
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De acuerdo con Juan Ángel Castrillón, representante de los soldados en uso de buen retiro, los derechos que les vulneraron tienen que ver con la falta de ofrecimiento de alternativas de estudio por los años que estuvieron en combate.
El representante de los soldados profesionales manifestó que el Ejército ha cambiado en dos ocasiones los decretos con el fin de no garantizarles el derecho a la educación. Castrillón explicó que desde el año 2022 esa norma no fue respetada, y en 2023, tampoco: Fueron 400 soldados que salieron en enero, 300 en febrero y 784 en marzo.
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De esta manera, también indicó que hay dos actos administrativos del Comando del Ejército contemplan que soldado profesional, al cumplir 15 años de servicio, tiene entre sus derechos empezar a estudiar una carrera técnica para hacer su transición hacia la vida civil.
En medio de la protesta, el soldado Castrillón se declaró indignado por el trato del Gobierno actual hacia los miembros del Ejército, pues mientras el trato a los criminales es benévolo, en donde se tramitan indultos o buscan como quitar las órdenes de captura; a los soldados profesionales, quienes envían a las áreas de combate, los tratan de la manera incorrecta.
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Por otra parte, se conoció el drama que viven los soldados Javier Álzate y Livintón Burgos, quienes revelaron su testimonio luego de la decisión del Ejército de sacarlos sin una orientación clara para reintegrarse a la vida civil, según ellos.
Así como lo declaró Javier Álzate: “Hoy en día el Ejército, el Gobierno, se hace amigo del bandido y se hace enemigo del que les sirve, de nosotros. Yo representé una institución 20 años, usé uniforme para una institución legítima, protegí recursos del Estado, di la cara por el Estado, respete la población civil, fui garante de los derechos humanos y a mi el Estado hoy me saca como si nada, entonces hoy en día ser bandido como que paga, fui correcto en mis cosas y nos sacan como si nada”.
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El soldado Livintón Burgos contó que: “Después de haberle dado 20 años de servicio a Colombia, entregarles nuestras vidas, no es justo que a los grupos armados que ahora se están reintegrando tengan mejores beneficios que nosotros, porque fuimos nosotros los soldados profesionales los que hicimos que ellos se sentaran en las mesas de negociación, no fueron los generales, ellos no fueron los que pusieron los muertos, los heridos y los amputados, ellos (generales) solamente emitían órdenes, pero nosotros éramos quienes las ejecutaban, nosotros merecemos un mejor trato”.
Vale recordar que, el domingo 2 de abril se conoció una denuncia en la cual un integrante del Ejército Nacional denunció que cerca de 700 soldados fueron notificados de su salida de su institución sin previo aviso y sin la posibilidad de terminar el año correspondiente a la capacitación para su transición a la vida civil.
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Desde aquella determinación, soldados como Nicolás Loaiza han insistido en obtener respuestas claras por parte de mandos militares para que se les otorgue ese derecho; incluso, afirmó que varios de sus compañeros empezaron a tener problemas económicos y psicológicos, pues no tenían otro sustento y algunos de ellos llevaban cerca de 20 años dentro de la institución.
“La notificación sobre que no íbamos a seguir en el Ejército nos la debieron hacer cuando cumplimos los 19 años de servicio, para que tuviéramos la oportunidad de hacer completo el programa de reintegro a la vida civil”, indicó Loaiza en declaraciones recogidas por Semana. En ese sentido, aseguró que esa decisión fue arbitraria y si no encuentran las respuestas que él y muchos de sus compañeros buscan, irán a las calles a modo de protesta contra el Ejército.
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