La historia de los drones que compró la Policía por casi cuatro mil millones de pesos y nunca llegaron

Hasta este año se extendió la historia de los drones que adquirió la Policía colombiana, que costaron más de 3.700 millones de pesos y que nunca llegaron. Hasta el 24 de marzo de este año se aplazó la segunda prórroga otorgada por parte del Fondo Rotatorio, ante el incumplimiento del contrato. ¿Qué ha ocurrido con el caso? ¿En qué va el proceso y qué le depara?

Es importante recordar que fue el 12 de julio de 2022 cuando la Policía Nacional le asignó a la empresa Helios Technology & Innovatios S.A.S. el contrato 081-1-22, a través del cual, a cambio de una suma que ascendía a los 3.789′.404.381 pesos, se entregarían a esa fuerza pública colombiana unos ejemplares de sistemas aéreos remotamente tripulados (Siart) o drones, como se les reconoce comúnmente a estos artefactos.

En su momento, las autoridades argumentaron que la compra de estos implementos tenía un fin claro: “contrarrestar el flagelo del contrabando en las zonas rurales y frontera, fortalecer la protección sanitaria y fitosanitaria del país”. Estos implementos, entonces, quedarían en manos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). El trato era que la empresa contratada le entregara a los uniformados, los implementos, en noviembre del 2022.

Eso nunca pasó, a pesar de que el proceso estaría monitoreado gracias al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). El Fondo Rotatorio de la Policía, entonces, estaría al pendiente del correcto cumplimiento del contrato a través del área de Aviación Policial, entidad que hace parte de la dirección de Antinarcóticos.

El 28 de octubre del 2022, días antes del supuesto día de entrega, Helios pidió una prórroga para el cumplimiento del pacto. Argumentaron, desde la compañía, que el proceso se estaba viendo afectado por la coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aquel conflicto habría “generado sobredemanda de la UAV, lo que desencadenó la escasez de componentes”. La Policía aceptó y permitió como plazo nuevo el 31 de diciembre del 2022.

Un día antes de que se cumpliera el nuevo plazo, Helios volvió a pedir prórroga. Aseguraron lo mismo, que la culpabilidad de las demoras recaían en la problemática generada tras la decisión del gobierno ruso para invadir a Ucrania. A esta nueva solicitud la empresa agregó la oferta de que dos funcionarios de la Policía Antinarcóticos viajaran a Sudáfrica, en febrero de 2023, para comprobar que lo que se decía desde Helios era cierto.

El Fondo Rotatorio accedió a aceptar esta nueva prórroga, y permitió que Helos tuviera una nueva fecha de entrega: el 24 de marzo de 2023. En enero de este año, entonces, se realizó una reunión entre los supervisores del proceso y la vocería de Helios con el fin de establecer que sería el 30 de enero la fecha escogida para entregar un informe en el que se reportaría el avance de lo pactado.

En febrero, según lo que se habló, la Policía tendría la reserva de las matrículas del sistema ALTI E35 (aeronaves) y se certificarían y capacitarían a los 11 policías que estarían a cargo de la operación de los artefactos. Nuevamente, los tiempos fallaron, y el 6 de marzo se pidió otra prórroga. En aquel momento se comentó que un incendio en la planta de manufactura había detenido las acciones.

Ante los constantes incumplimientos, lo que se busca es que se pague la póliza de incumplimiento, aquella que fue radicada por el supervisor y en la que se estableció que, en caso de que se incumpliera lo pactado, se entregaría una suma que asciende a los 3.220′993.723.85 de pesos.

“No se considera viable una prórroga al contrato dada la incertidumbre de la fecha de entrega de las aeronaves y equipos objeto del mismo”, se destacó desde la zona de supervisión en testimonios rescatados por el diario El Tiempo.