De la Espriella entrega balance de marchas: 62.000 personas participaron y el 98 % fue pacífico

El presidente aseguró que el Gobierno mantendrá las garantías para la protesta pacífica, pero reiteró que no permitirá hechos de violencia, vandalismo ni afectaciones a derechos de terceros

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
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El presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance nacional de las manifestaciones realizadas este miércoles 14 de octubre y aseguró que 62.000 personas participaron en las movilizaciones en todo el país, de las cuales, según el reporte oficial presentado por el mandatario, el 98 % lo hizo de manera pacífica.

Durante un pronunciamiento realizado en la noche, el jefe de Estado destacó el comportamiento de la mayoría de los manifestantes y reiteró que su Gobierno garantizará el derecho constitucional a expresarse en las calles cuando las movilizaciones se desarrollen sin violencia.

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“La inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones”, señaló De la Espriella.

El mandatario sostuvo que el Estado debe garantizar simultáneamente los derechos de quienes protestan y los de las personas que deciden continuar con sus actividades habituales.

“Eso es democracia, y como presidente de la República, siempre la defenderé y garantizaré”, afirmó.

El presidente aseguró que el Gobierno mantendrá las garantías para la protesta pacífica, pero reiteró que no permitirá hechos de violencia, vandalismo ni afectaciones a derechos de terceros

De la Espriella reitera límites frente a hechos violentos

El presidente recordó que desde el inicio de su administración impartió una instrucción para respetar y acompañar las manifestaciones que transcurran de manera pacífica.

“Desde el primer día de mi Gobierno he impartido una directriz que no admite interpretaciones: la protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza”, manifestó.

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No obstante, volvió a advertir que el Gobierno intervendrá cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o acciones que afecten los derechos de otras personas.

“La violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrá cabida bajo mi mandato”, aseguró.

De la Espriella argumentó que el derecho a manifestarse debe coexistir con las libertades de quienes necesitan desplazarse, trabajar o mantener abiertas sus actividades económicas.

“Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, agregó.

El mandatario presentó el balance después de una jornada de movilizaciones convocada por sectores de oposición en diferentes ciudades. Según las cifras entregadas por la Presidencia, la participación nacional alcanzó las 62.000 personas.

Gobierno aplicó nuevas reglas para las manifestaciones

La jornada se desarrolló además bajo las disposiciones del Decreto 1525 de 2026, expedido por el Gobierno para modificar las reglas institucionales aplicables a marchas y concentraciones.

La norma modifica el Decreto 003 de 2021 e incluye nuevas pautas para la actuación de la Fuerza Pública.

Entre las disposiciones mencionadas está el acompañamiento policial manteniendo una distancia de cuatro metros respecto de los manifestantes.

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió sobre posibles afectaciones y desvíos en el sistema Transmilenio de Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá
La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió sobre posibles afectaciones y desvíos en el sistema Transmilenio de Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá

El decreto también amplía las conductas consideradas violentas durante una movilización, incluyendo el lanzamiento de objetos, daños a infraestructura pública o privada, porte o utilización de armas y explosivos y retención no voluntaria de personas.

Otro cambio se relaciona con la intervención de las autoridades frente a individuos que cometan hechos violentos.

De acuerdo con la norma, la Fuerza Pública podrá actuar sobre los responsables de esas conductas sin que sea obligatorio agotar previamente todas las etapas de diálogo, con una intervención enfocada sobre quienes estén ejecutando los hechos.

Al mismo tiempo, el decreto mantiene la obligación estatal de proteger la protesta pacífica y establece como objetivos preservar derechos como el trabajo, la movilidad y la continuidad de los servicios esenciales.

De la Espriella cerró su intervención asegurando que su administración continuará garantizando las libertades ciudadanas dentro de los límites establecidos por la ley.

El balance presidencial destacó así el carácter pacífico de la mayoría de las movilizaciones, mientras el Gobierno reiteró que mantendrá una política diferenciada entre quienes ejercen el derecho a protestar y quienes participen en hechos violentos durante las jornadas.

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