Expresidente Uribe se pronunció por el proceso que le llevan por presunta calumnia agravada contra Daniel Coronell

A través de su cuenta de Twitter, afirmó que el periodista no era un narcotraficante, como habría expresado en esa red social

Álvaro Uribe relacionó a Daniel Coronell con el narcotráfico y la FLIP le hizo un duro jalón de orejas. Twitter.
Álvaro Uribe relacionó a Daniel Coronell con el narcotráfico y la FLIP le hizo un duro jalón de orejas. Colprensa y Facebook.
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Durante la noche del martes 11 de abril, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, acerca de la citación de la Fiscalía General de la Nación en el proceso que le llevan por una presunta calumnia agravada en contra del periodista Daniel Coronell.

“Aclaro y rectifico. Daniel Coronell, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, NO es narcotraficante (sic)”, trinó.

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El que fuera jefe de Estado, entre 2002 y 2010, reaccionó de esta manera a la citación que le hicieron en la Fiscalía General de la Nación para una nueva audiencia que se tiene programada dentro del proceso penal que le llevan por sus señalamientos al comunicador.

“Se envió comunicación a las partes para que se presenten el próximo lunes 17 de abril ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta una investigación contra el exmandatario por el delito de calumnia agravada”, detalló el organismo en un comunicado.

El objetivo de esta diligencia es “correr traslado del escrito de acusación, realizar el descubrimiento probatorio, y llevar a cabo una nueva conciliación entre el periodista querellante y el expresidente querellado”.

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Según Coronell, que dirige la revista Cambio, la diligencia no es de conciliación sino que es “la comunicación de cargos contra el expresidente”.

La Fiscalía explicó que “los hechos que desencadenaron la investigación hacen referencia a una querella que presentó el periodista contra el expresidente por la publicación que el político realizó el 6 de abril de 2017 en su cuenta de Twitter”.

En aquella ocasión, Uribe dijo que Coronell “debe someterse a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) para que confiese su delito de narcotráfico”.

El 30 de marzo, el expresidente la emprendió de nuevo contra Coronell y dijo que no tiene evidencia de que fue narcotraficante, pero sí de que “fue patrocinado por el narcotráfico”.

“Además es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político, sesgado, que lo presenta como investigativo”, expresó el exmandatario.

Ante esta situación, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó lo dicho por Uribe como “señalamientos son irresponsables y peligrosos pues incrementan” el riesgo de Coronell.

“En otras ocasiones los comentarios de represalia de Uribe a Coronell han generado amenazas posteriores que generan un riesgo para la integridad del periodista, quien por más de veinte años ha sido víctima de acosos, hostigamientos y amenazas de muerte”, dijo la FLIP.

El único proceso que más ha avanzado contra Uribe en la Justicia comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del expresidente contra el senador Iván Cepeda decidió no abrir investigación contra el congresista del ahora partido de Gobierno, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de exparamilitares para que declararan contra Cepeda.

Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria de Uribe, quien el 18 del mismo mes renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía.

Ahora el proceso debe volver a una audiencia común y un juez debe volver a decidir si acepta la proposición de la Fiscalía de precluir el caso.

(Con información de EFE)

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