
Durante la noche del miércoles 29 de marzo, los partidos políticos Conservador y de la U anunciaron que no están dispuestos a insistir más en llegar a un acuerdo respecto a la reforma a la salud que planeta la administración del presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que recibieran el documento redactado por el Ministerio de Salud en el que no se registraban los cambios que ellos habían propuesto. Aseguraron que no asistirán a más reuniones destinadas a hablar del tema y que, ahora, presentarán una propuesta aparte del Gobierno y el Congreso.
“Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas”, alcanzó a escribir en Twitter la directora de la U, Dilian Francisca Toro.
“El equipo de la ministra Corcho ha consensuado temas con nuestros equipos técnicos que no están reflejados en el articulado en el que está la trabajando, esperamos que se recomponga”, aseguró, previo a la decisión, el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda. Él mismo destacó que seguir negociando con el Gobierno sería una pérdida de tiempo.

Es importante resaltar que con la decisión que tomaron los movimientos políticos Liberal, Conservador y de la U de no participar, hace que la reforma a la salud pueda llegar a considerarse como muerta en lo que respecta a su proceso legislativo, es decir, no tendría el respaldo suficiente para pasar en Comisión Séptima de la Cámara.
En su momento, fue el expresidente César Gaviria el que anunció la saluda del Partido Liberal. “El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de ley de reforma de la salud liderado por el Gobierno Nacional”, destacó.
“Desde el comienzo de estas conversaciones, mi posición y la del Partido Liberal ha sido la de fortalecer el aseguramiento, sin destruir o limitar la participación del sector privado en pro del derecho fundamental a la salud y los objetivos sociales de Colombia, preservar la elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector salud con instrumentos que puedan favorecer la falta de transparencia o politización de los recursos públicos”, añadió.

En una entrevista otorgada hace días al diario El Tiempo, Toro había comentado cuáles eran sus mayores preocupaciones sobre la propuesta del gabinete de Gustavo Petro. “Esos fondos territoriales es una burocratización innecesaria. Lo expresamos así, que había que eliminarlos y llegamos a un acuerdo de que se elimine el tema de burocracia y solamente haya una cuenta, llamada Fondo Cuenta, de la Adres en cada uno de esos territorios. No más, sin burocracia”, dijo en su charla con el medio de comunicación ya citado.
De acuerdo con lo que explicó, por su parte, Cepeda a la revista Semana, los fondos territoriales hacen parte de uno de los temas más polémicos de la reforma.

Tal y como quedó pactado en el artículo 87 del mismo, “los Fondos Territoriales de Salud serán administrados por las Direcciones Territoriales de Salud, los cuales estarán constituidos por: 1. Transferencias del Fondo Único Público para la Salud. 2. Rentas de destinación específica para la salud de que trata la Ley 1393. 3. Los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) determinados por la Ley 715 que les corresponde. 4. Los recursos propios de los territorios para el financiamiento de la salud. La gestión y el uso de los recursos de los Fondos Territoriales de Salud cumplirán con los estándares de prestación de los servicios que determine el Ministerio de Salud y Protección Social”.
De acuerdo con lo que quedó descrito en el borrador del Ministerio de Salud, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (ADRES) será la única pagadora “será pagador único de manera gradual de acuerdo con las capacidades que adquiera, a cuyo efecto le corresponde reconocer, auditar y pagar las cuentas de las prestaciones de servicios de salud y demás obligaciones (…) que permiten hacer los pagos a prestadores y proveedores”. Lo que argumentan los partidos es que esta acción, la de las gestoras para auditar pagos, debería ser definitiva.

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