Exdirector La Picota habría favorecido a un condenado que ingresó a la cárcel con una boleta de detención falsa

La Fiscalía General de la Nación indicó que César Augusto Ceballos, exdirector del centro penitenciario La Picota de la ciudad de Bogotá, fue llevado ante un juez de control de garantías por presunta responsabilidad en beneficio a una persona procesada.

El documento emitido el 29 de marzo de 2023 indicó que el sentenciado por narcotráfico habría hecho un pago de 250 millones de pesos con el fin de llegar al centro penitenciario de su elección, lugar donde tendría la posibilidad de acceder a detención domiciliaria y hasta un permiso de trabajo “por ser padre cabeza de hogar”.

Frente a esto, la Fiscalía indicó que además del exdirector de la cárcel, también se imputarán cargos al abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez y al investigador privado Jorge Efredy Monroy Ávila, debido a presunta participación en los hechos que beneficiaron al detenido.

Según el material probatorio que encontró la entidad, el dinero proporcionado para tal fin habría llegado al abogado Cifuentes Rodríguez, quien, a su vez, habría ofrecido una parte de este a particulares y funcionarios, los cuales “intervinieron en múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial, entre otras anomalías detectadas”.

Los delitos por los cuales será imputado el director responden a uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Mientras que el abogado será imputado por el delito de prevaricato por acción, acceso abusivo a sistema informático, daño informático, prevaricato por omisión, uso de documento falso y falsedad ideológica en documento público.

Finalmente, el investigador será imputado por delito de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

“Por los hechos investigados han sido condenados un juez de ejecución de penas, una defensora de familia del ICBF de Villavicencio (Meta) y un ingeniero del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao; y avanza el juicio en contra de un juez penal de Villavicencio (Meta)”, indicó la Fiscalía.

Sobre las condiciones del condenado y la participación de los funcionarios

Siguiendo la información presentada por la Fiscalía, hacia el año 2015 la Corte Suprema de Justicia condenó a un hombre a 16 años de prisión luego de ser capturado en situación de flagrancia con 300 kilogramos de cocaína. En este momento, se ordenó que su detención estuviera en el establecimiento carcelario de Villavicencio, en el Meta.

A partir de este momento, Cifuentes Rodríguez, abogado, habría puesto en disposición sus servicios para contactar a funcionarios que le permitieran al detenido lograr la detención domiciliaria a partir de dádivas, así como también conseguir permisos de trabajo y hasta rebajas en la pena.

Sería así que el entonces director de la cárcel La Picota, en Bogotá, habría permitido el ingreso del condenado el 31 de julio de 2015. El ingreso se realizó de manera irregular con la presentación voluntaria del señalado y sin que en el proceso mediara el Inpec para el traslado. Según se encontró, habría accedido con una boleta de detención falsa y en “desconocimiento de lo establecido en el fallo”.

Por su parte, el tercer funcionario imputado, el investigador Monroy Ávila, se habría encargado de hacer la recolección del material fotográfico, entrevistas y demás documentos que permitieran acreditar que el condenado estaba al cuidado de sus dos hijos menores de edad, debido a la desaparición de su esposa.

Las declaraciones y el material presentado por el investigador le habrían permitido obtener el reconocimiento de la condición de padre cabeza de hogar al detenido, otorgado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, la información relacionada con las condiciones de los menores no correspondía con los hechos reales.