Claudia López dijo que no dará ni un peso más al contratista del botadero de Doña Juana

Desde la instancia del Congreso de la República, a donde la alcaldesa Claudia López asistió a un debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado de la República, para exponer los múltiples incumplimientos del exponer los múltiples incumplimientos del Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana (CGR), en desarrollo del contrato de concesión 344 de 2010.en desarrollo del contrato de concesión 344 de 2010, la alcaldesa dijo que no se le desembolsará más plata a un contratista incumplido.

De acuerdo con la mandataria distrital. en estos momentos el Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana (CGR) está buscando que el distrito le pague 1,2 billones de pesos, como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha, pero eso no ha sido así. De hecho, la alcaldesa dijo que pareciera que este contratista no tuviera claro que tiene más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia.

Insistió que mientras esté al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no pagará un peso a los contratistas incumplidos. “Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un sólo peso más a un contratista incumplido”, sostuvo la alcaldesa López, quien recurrió a un equipo de defensa experto y riguroso para enfrentar este proceso jurídico.

“No vamos a dejar que se estafe a la ciudadanía. El 11 de abril se decidirá la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos (...) Los señores de CGR deben saber que Bogotá tienen alcaldesa, que tiene concejales y que tiene congresistas, y que tiene un gobierno local y nacional que están dispuestos a defender los derechos de los ciudadanos y sus bolsillos. Porque el control político funciona”, enfatizó la alcaldesa López tras conocer que en las últimas horas el Tribunal de Arbitramiento aplazó la decisión del fallo.

Sobre la decisión del Tribunal

Ahora, frente a la decisión del Tribunal de Arbitramiento la Alcaldesa dijo que el Distrito ya pidió dar por terminado el contrato ante el incumplimiento de CGR. “Eso esperamos que respalde el tribunal, que terminemos esa concesión e iniciemos el proceso para cumplir el acuerdo de emergencia climática. Esta es una controversia jurídica sobre un tema ya fallado”, resaltó la mandataria, al recordar que la Procuraduría ya emitió un pronunciamiento imparcial, respaldando todas las solicitudes del Distrito.

Al tiempo, agregó que se le está pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la licencia ambiental para reorganizar el predio de doña Juana como parque de innovación tecnológica. “Nos estamos preparando institucionalmente para establecer acuerdos mixtos para no volver a quedar solamente en manos de privados. Por eso nos estamos reorganizando con la UAESP y Aguas de Bogotá para acometer esa prestación del servicio”, insistió.

A su turno, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dijo que este “es un negocio para el operador, que no beneficia a la ciudad, porque no ha respetado los derechos ambientales de los ciudadanos”, e indicó que se hará un “seguimiento sistemático” a los 24 procesos sancionatorios contra el consorcio.

En ese mismo sentido, confirmó que el Ministerio de Ambiente enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento actual en doña Juana. “Las autoridades ambientales no nos vamos a quedar observando cómo se viola flagrantemente la norma ambiental y cómo se pone en riesgo el ambiente”, añadió.

Durante el debate, la Alcaldesa Mayor pidió que en el marco del Plan Nacional del Desarrollo (PND) se puedan regular los estándares técnicos que permitan fijar las tarifas para el tratamiento de residuos sólidos. En ese contexto, concluyó que hoy en día los bogotanos están pagando 24.000 pesos, diez veces más la tarifa pactada.

“No cumplieron el objeto del contrato, tampoco el fallo de 2018, y la administración distrital que tiene un fallo a su favor no lo conminó con todo a que cumpliera, y entonces nos vuelven a demandar por un fallo que ya perdieron, disfrazado con otra retórica, diciendo de nuevo que, si cumplieron y que el Distrito debe hacer un pago retroactivo, y ahora dicen que les debemos 1,2 billones de pesos”, rechazó tajantemente.

Primer pleito

CGR Doña Juana, en vista de que no habría cumplido con el contrato de concesión presentó un primer tribunal arbitral con el ánimo de discutir las más importantes actividades, entre otras la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados. Buscaba que se declarara el incumplimiento de la UAESP y en consecuencia que, la entidad asumiera el costo integral de las actividades concesionadas.

En respuesta, la UAESP presentó una demanda de reconvención en contra de CGR Doña Juana pretendiendo que se declarara el incumplimiento del contratista y condenarlo a realizar en un término perentorio a cumplir lo pactado. En el mes de septiembre de 2018, el Tribunal falló de forma íntegra a favor de la UAESP y le ordenó al contratista a realizar todas las actividades del contrato incluyendo las actividades e inversiones necesarias de la planta de lixiviados.

Segundo pleito

Cumplidos los tiempos otorgados en la decisión a favor de la UAESP y ante el inminente cambio de administración, como una estrategia para limitar las acciones en su contra por la precaria operación en Doña Juana, el concesionario CGR volvió a presentar una demanda en la que pretende que la ciudad le reconozca la suma de COP$1.195.714.418.869 por lo que habría sido la tarifa que, a juicio del contratista, debió recibir porque según ellos queda en evidencia que su remuneración era insuficiente.

Por su parte, la UAESP advirtió que con la demanda del concesionario vendría un mecanismo para no cumplir el contrato ni el laudo de 2018, decidió contrademandar y pedirle al tribunal que declare la terminación del contrato por el incumplimiento grave y definitivo, buscando un reconocimiento a título de indemnización por la suma de COP $279.006.974.290

Es así como después de 13 años de ejecución del contrato más de 8 han transcurrido en tribunales arbitrales sin que a la fecha se haya cumplido el contrato. “Este contratista ha tratado de ‘jugarnos la doble’ de dirimir temas contractuales como si fueran tarifarios, y temas tarifarios como si fueran contractuales”, expresó la alcaldesa Claudia López.