Clan del Golfo se niega al sometimiento a la justicia: “Estamos dispuestos a explorar el camino de la Paz Total”

El 19 de marzo el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral pactado con el Clan del Golfo. La medida, anunciada a través del decreto 2658 del 31 de diciembre de 2022, tenía como principal objetivo avanzar en las negociaciones para un futuro desmantelamiento de esta estructura ilegal mediante una tregua que, finalmente, no se cumplió.

Ello implicó la orden del jefe de Estado para que la fuerza pública continuara con las operaciones militares y de policía contra los integrantes de ese grupo. Desde entonces, las capturas, allanamientos e incautaciones aumentaron, así como los enfrentamientos con esa estructura. Pese a eso, ese grupo dio a conocer recientemente que sigue con intenciones de alcanzar la paz con el gobierno actual.

A través de un video difundido en redes sociales el lunes 27 de marzo, varios miembros del grupo criminal responsabilizaron al Gobierno nacional “de la problemática que pueda causar dicha decisión apresurada como lo es la ofensiva militar en contra de nuestra organización que anunció el presidente Gustavo Petro”, anunció uno de los integrantes del Clan del Golfo con relación al levantamiento del cese al fuego.

Asimismo, en el video, las también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC— afirmaron que, pese a los enfrentamientos, mantienen en firme sus “intenciones de paz” y de acogerse a la propuesta de pacificación nacional planteada por el presidente Petro y su administración.

Finalmente, expusieron que esa política de Estado debe ser “incluyente” con todos los actores que hacen parte del conflicto colombiano.

El Gobierno nacional ha reiterado en diversas ocasiones que, de acuerdo con la caracterización de grupos armados hecha por el alto comisionado para la Paz, el Clan del Golfo es considerado como un grupo criminal de alto impacto, motivo por el cual debe acogerse a la ley de sometimiento a la justicia, cuyo articulado está a la espera de ser aprobado en el Congreso de la República.

Sobre esto, voces como la del senador Ariel Ávila insistieron en que las AGC no pueden recibir tratamiento político y, por tanto, es imposible realizar un acuerdo de paz. En ese sentido, enfatizó en que el único camino que les queda a esos integrantes es el del sometimiento.

“El Clan del Golfo no es un grupo político, no es un grupo paramilitar, no es uno de status o de carácter beligerante, es un grupo criminal que se dedica al narcotráfico”, sostuvo el senador de la Alianza Verde en diálogo con La W. En ese sentido, recordó que dicha estructura ilegal fue la principal responsable de organizar las acciones violentas —que detonaron la decisión de levantar el cese de hostilidades— durante el paro minero que se llevó a cabo en el Bajo Cauca Antioqueño.

Por ello, advirtió que el hecho de realizar acciones violentas contra civiles y la fuerza pública dentro de ese paro sepultó la opción que tenían de un cese de hostilidades por parte de la fuerza pública.

Bajo ese panorama, el legislador también predijo ante el medio citado que con el rompimiento del cese al fuego por parte del jefe de Estado habrá un escenario similar al ocurrido con la captura y extradición de alias Otoniel en 2022. “Yo lo que siento es que va a haber unos dos o tres meses de este grupo intentando fingir carácter político y tener unidad de mando, pero a ellos les queda el camino del sometimiento”.