Ordenaron la captura del comandante de la Policía de Caquetá por omisión en el secuestro masivo de uniformados

El juez 181 de instrucción Penal Militar ordenó la captura del comandante de la Policía de Caquetá, coronel Javier Antonio Castro, por no haber actuado con efectividad para evitar que esa situación se perpetrara, aun cuando recibió el llamado de auxilio por parte de uno de los miembros de la institución.

La división judicial podría condenarlo por el presunto delito de omisión, ya que su gestión habría sido nula en medio de la asonada de una comunidad campesina en zona rural del municipio, que además tendría una agravante, puesto que esta situación cobró la vida de uno de los uniformados.

Los hechos que ocurrieron en inmediaciones de Los Pozos, en este municipio de San Vicente del Caguán, aún son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales del país. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría informaron que iniciaron el proceso de estudio del caso para determinar si realmente se trató de un secuestro por parte de los campesinos.

A pesar de la intervención del ministro del Interior, Alfonso Prada, en ese momento, la situación derivó en una confrontación que cobró la vida de dos personas, uno fue identificado como miembro de la comunidad campesina y el otro como un uniformado de la Policía Nacional.

Antes de que la División Penal Militar notificara la orden de captura del coronel, el Ministerio Público, a través de un comunicado, confirmó la apertura de las investigaciones a este departamento de la Policía por la presunta falta de apoyo a los miembros de la institución.

En cuanto a la orden de captura emitida por la división judicial de la Policía, cabe mencionar que esta es una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública.

El fuero militar —como es denominado— “Es el derecho de los miembros de la Fuerza Pública a ser juzgados por un juez especializado, diferente al que ordinariamente tiene la competencia y cuya finalidad es que, dentro del marco de la Constitución (artículo 221), estén cubiertos en sus actividades del servicio por un marco jurídico especial”, indica la legislación.

Además, explica que, los uniformados que sean judicializados por esta división judicial podrían recibir excepciones a las leyes ordinarias, “por ende, esta justicia constituye una excepción constitucional a la regla del juez natural. Para el funcionamiento de esta justicia especializada se crearon los tribunales militares, que en ningún caso podrán juzgar a los civiles”, afirma la jurisdicción militar.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, recordó desde cuándo surgió esta situación, que con el transcurso de las semanas se convirtió en un problema de orden público.

“Esto empezó el 8 de diciembre del año anterior, posteriormente, el 18 de febrero, nos solicita el Ejército apoyo porque los hombres armados que estaban custodiando a esa empresa, y que tenían una base militar al frente”, contó Henry Sanabria.

Por esa razón, desde la directriz de la institución, y por petición de los oficiales que estaban en la zona, fue enviado un grupo especializado en dispersar a los manifestantes.

“Se requería un grupo especial antidisturbios, por eso enviamos 75 hombres con esa capacidad, para garantizar la seguridad, primero, de los soldados y en segundo lugar, de la empresa. Eso se logró, al siguiente día”, relató el general de la Policía.

A la fecha, la situación de orden público ya fue controlada y se instauraron unas mesas de diálogo, que estarán compuestas por la Defensoría del Pueblo, y los ministerios del Interior y de Defensa. Además, estarán acompañada por Coscoopas y la misión de la ONU en Colombia.