Pablo Escobar estaría feliz con la ley de sometimiento de Gustavo Petro: la dura crítica del fiscal Barbosa a la polémica propuesta del Gobierno

El fiscal acusó al presidente Gustavo Petro por “ensuciar la dignidad del país” tras la orden del cese al fuego

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Pablo Escobar estaría feliz con la ley de sometimiento de Gustavo Petro: la dura crítica del fiscal Barbosa a la polémica propuesta del Gobierno
Nuevas críticas de Barbosa a ley de sometimiento en foro "El estado de la justicia en Colombia". Crédito: @FiscaliaCol/Twitter

En un foro sobre la reforma a la justicia que se desarrolla en Bogotá en la Universidad Externado de Colombia llamado “El Estado de la Justicia en Colombia”, el fiscal Francisco Barbosa arremetió por la reciente decisión del Gobierno nacional al declarar cese al fuego con el Clan del Golfo y señaló: “Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento”.

A esto añadió: “... el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra con esta ley de sometimiento? Están ensuciando la dignidad de este país”

Las declaraciones del fiscal se suman a las críticas que ya ha pronunciado en relación con el cese al fuego y que, según Barbosa, “Son decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del presidente de la República”. Agregó que tomó esta decisión de suspender las operaciones tanto militares y policivas, “sin verificación y sin limitación geográfica en diferentes lugares del territorio nacional”.

Según explicó el fiscal, la iniciativa garantiza que personas responsables por delitos de suma consideración quedarán en libertad, en sus palabras: “se van para la calle delincuentes de lesa humanidad”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el fiscal se refiere a la ley de sometimiento adelantada por el Gobierno nacional, dado que en ocasiones anteriores ha criticado la iniciativa que, según menciona con respecto a la implementación del proyecto “Paz Total”, “tiene que ser abierta y democrática”.

Tras la radicación de la ley de sometimiento el miércoles 15 de marzo de 2023, el fiscal mencionó que estará participando de manera activa en el Congreso de la República en las decisiones que se van a llevar a cabo con respecto a la ley de sometimiento a la justicia.

Otro de sus señalamientos estuvo relacionado con que aseguró que con las estructuras criminales no se están buscando acuerdos de paz, sino que se trata de una desestructuración mediante beneficios judiciales. Por ello indicó que:

“Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana, como por la distinción de procesos: uno es un proceso de paz y el otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y narcotráfico”.

En este sentido, también señaló que ha realizado denuncias graves sobre el proyecto que, hasta el momento, no han sido consideradas. En relación con esta declaración, mencionó que: “no fueron recogidas, por ejemplo, la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia”.

Sobre la Ley de Sometimiento del Gobierno nacional

El Gobierno radicó ante el Congreso de la República la Ley de Sometimiento, documento dentro del normativo de la Ley 418, o bien, prórroga a la Ley de Orden Público, la cual permite la consolidación de la “Paz Total” en tanto los procesos de paz, como también en el sometimiento.

Para lograrlo, el Gobierno nacional presentó el documento que se basa en la creación de mesas de diálogo por parte del Alto Gobierno con bandas del crimen organizado, así como narcotraficantes. Entre ellos se encuentra el Clan del Golfo.

Sin embargo, desde la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa, ha sido enfático en sus críticas hacia la iniciativa. Esto se debe a que, según su criterio, no es viable que los responsables de delitos superiores se acojan a la ley y solo tengan que pagar ocho años de cárcel efectiva si la ley los acoge por aceptar delitos.

Por su parte, quienes están a favor del proyecto han reiterado que estas personas, si obtienen el beneficio, tendrán que entregar información a las autoridades sobre sus modos de operación y seguir las indicaciones por el proceso de acogimiento.

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