Paro minero: Gustavo Petro ratificó que la fuerza pública “tiene hoy la orden” de ocupar el Bajo Cauca Antioqueño

Al término del consejo de seguridad adelantado en Caucasia, Antioquia, durante el lunes 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro realizó un balance de la difícil situación de orden público en el Bajo Cauca Antioqueño que, como acto reciente, tuvo la quema de seis vehículos justo antes de la llegada del jefe de Estado a esa región.

Al respecto, dijo que la fuerza pública seguirá con sus tareas de control territorial ante la escalada de violencia perpetrada por el Clan del Golfo, que de acuerdo con el mandatario, “manipula las necesidades de una población minera sujetándolas, incluso, con su propia hambre y necesidades que crecen en este momento”, obligando a la población a estar confinada.

En ese sentido, Petro insistió en que se combatirá la minería ilegal y que no se están persiguiendo a los pequeños mineros. Por ello, anunció la construcción de un distrito minero “pero también agrario y productivo en todo el territorio” para que los representantes de esta actividad sean los dueños de su propia maquinaria.

Incluso, dijo sobre este tema que los bienes en manos de la Sociedad de Activos Especiales —SAE— deben estar al servicio de las víctimas de la violencia y la minería ilegal en el Bajo Cauca. Insistió en que esa actividad debe ser legalizada y para ello planteó el mejoramiento financiero y tecnológico a través de una transformación legal al código minero.

En ese orden, convocó a la Cumbre Nacional Minera y a un censo de la maquinaria para la formalización de la actividad minera pequeña “incluso con titulación, de ser posible”. Sobre la crisis de orden público, el mandatario rechazó los actos de violencia presentados en los últimos días y enfatizó en que tanto el Ejército Nacional como la Policía tienen potestad para estar presentes en esta zona del país.

“La fuerza pública tiene hoy la orden, en todas sus armas, de copar el territorio y no abandonarlo; incluso extender esa actividad al conjunto del noroeste colombiano”, enfatizó el presidente Petro. También dijo que el Clan del Golfo ha instrumentalizado a la población para salvar intereses ajenos a los que representan a la pequeña minería; es decir, “la gran minería ilegal”. Incluso, dijo que este grupo armado con el cual se rompió el cese al fuego el domingo 19 de marzo.

En el consejo de seguridad, que también contó con la presencia de la cúpula militar, el director de la Policía, mayor general Henry Sanabria; los ministros del Interior y de Defensa, y autoridades locales, también se planteó la opción de construir una universidad pública, y una serie de relaciones productivas no solo con la minería, sino también con la agricultura, la ganadería “y la industrialización misma del territorio”.

Crisis de orden público en el Bajo Cauca Antioqueño

Justo el mismo día en que el mandatario llegó a Caucasia para liderar el consejo de seguridad del lunes 20 de marzo, se presentó un hostigamiento contra la fuerza pública en la vía Tarazá-Valdivia. Horas antes, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria había denunciado que integrantes del Clan del Golfo habrían atacado dos vehículos de transporte público y cuatro más de carga en la Troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá.

Esta y otras acciones armadas elevadas contra las autoridades y civiles hicieron que el propio presidente Petro ordenara el levantamiento del cese bilateral de hostilidades, pactado a través del decreto 2658 del 31 de diciembre de 2022.

“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, anunció el primer mandatario sobre el fin del cese al fuego con aquel grupo ilegal.