El Sistema de Información Operativo (Sioper) es una base de datos de la Policía Nacional que permite acceder, en tiempo real, a los antecedentes judiciales que pesan sobre las personas, bienes, consulta exclusiva, desaparecidos, inteligencia, órdenes de trabajo y cooperantes.
Está interconectada con otras bases de datos, lo que permite su consulta en línea y la modificación de los registros, uno de sus tantos usos, está destinado a la identificación de los vehículos que circulan por el país.
Del correcto funcionamiento del Sioper depende la capacidad de la Policía Nacional para realizar acciones de control y vigilancia en el país, por eso la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 136 días a la coronel Mónica Briceño Beltrán, jefa de Telemática de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); cargo que desempeño entre 2014 y 2016.
El fallo del Ministerio Público explicó que la coronel no cumplió con sus funciones de garantizar la disponibilidad, integridad y calidad del Sioper, se demostró que Briceño omitió en su rol en la implementación de controles de seguridad, lo que permitió que operadores pudieran alterar información de la base de datos.
Los números de las placas de vehículos, con medidas cautelares, fueron eliminadas del sistema sin que se contara con respectiva orden judicial, lo que permitió que esos carros transitaran sin ninguna restricción por las vías colombianas.
La falta es considerada como grave “cometida a título de culpa gravísima”, sin embargo, la funcionaria ya no se encuentra en servicio activo, por lo que la Procuraduría explicó que la sanción se convertirá en una multa, equivalente a los salarios que devengaba en el momento de la falta.
En el documento también se indicó que se trata de un falló en primera instancia, ante el cual Briceño interpuso un recurso de apelación, el cual será resuelto por la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.
El 3 de agosto de 2020, la Fiscalía General de la Nación imputó a Jair Rodríguez Sánchez, un funcionario no uniformado de la Dijin, de eliminar del Sioper órdenes judiciales, con lo que favoreció a procesados con requerimientos penales.
El ente acusador obtuvo material probatorio que demostró que Rodríguez ingresó al sistema con la clave de una de sus compañeras, alteró la información y canceló dos órdenes de captura, la primera de un condenado por hurto agravado, y la segunda, a un sindicado de fabricar, traficar y portar ilegalmente armas.
La investigación permitió a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputar a Rodríguez los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado.
Jair Rodríguez Sánchez aceptó los cargos, posteriormente, un juez de garantías lo sentenció a cumplir media de aseguramiento en el lugar de residencia, casa por cárcel, durante su captura y allanamiento se incautó un teléfono celular y ordenador, donde reposaban evidencias en el caso.
No es la primera vez que se revela la vulnerabilidad del sistema, en 2017, Juan Sebastián Valencia Guzmán, que se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional, fue capturado en Manizales y acusado de descargar los vehículos inmovilizados del sistema Sioper (Sistema Operativo de la Policía Nacional), sin tener ningún soporte judicial.
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